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Santos Farc Acuerdos Habana .pdf



Nom original: Santos-Farc Acuerdos Habana.pdf
Titre: Microsoft Word - 24_08_2016AcuerdoFinalFinalFinal.docx

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Acuerdo Final
24.08.2016
ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y
DURADERA

PREÁMBULO

Recordando que los diálogos de La Habana entre delegados y delegadas del Gobierno Nacional, presidido
por el Presidente Juan Manuel Santos y delegados y delegadas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia-Ejército del Pueblo, con la decisión mutua de poner fin al conflicto armado nacional, tuvieron
origen como resultado del Encuentro Exploratorio sucedido en la capital de la República de Cuba entre el
día 23 de febrero y el día 26 de agosto de 2012;

Teniendo presente que como resultado de los diálogos exploratorios referidos se produjo un Acuerdo
General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado en la
fecha última citada ante testigos nacionales y ante delegados de la República de Cuba y del Reino de
Noruega que sirvieron igualmente como testigos, y que, desde entonces, asienten el proceso como países
garantes;

Poniendo de presente que la República Bolivariana de Venezuela y la República de Chile se han aprestado
en todo momento a sus buenos oficios como países acompañantes;

Recordando que en desarrollo de la agenda aprobada en el Acuerdo en mención se dio inicio a la Mesa de
Conversaciones el día 18 de octubre de 2012 en la ciudad de Oslo, capital del Reino de Noruega, para
luego continuar en la capital cubana sin solución de continuidad hasta el día de hoy que se firma el
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera;

Subrayando que el Acuerdo Final que se suscribe en la fecha corresponde a la libre manifestación de la
voluntad del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, al haber obrado de buena fe y con la plena intención de
cumplir lo acordado;

Teniendo presente que el Artículo 22 de la Constitución Política de la República de Colombia impone la
paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento; que el Artículo 95 afirma que la calidad de
colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional por lo que es deber de todos
engrandecerla y dignificarla; que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución
implica responsabilidades, entre ellas, propender al logro y mantenimiento de la paz;

Subrayando que la paz ha venido siendo calificada universalmente como un derecho humano, y requisito
necesario para el ejercicio de todos los demás derechos y deberes de las personas y la ciudadanía;

Poniendo de presente que el Acuerdo Final recoge todos y cada uno de los acuerdos alcanzados sobre la
Agenda del Acuerdo General suscrito en La Habana en agosto de 2012; y que para alcanzarlo el Gobierno
Nacional y las FARC-EP siempre y en cada momento nos ceñimos al espíritu y respeto de la Constitución
Nacional, de los principios del Derecho Internacional, del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, del Derecho Internacional Humanitario (Convenios y Protocolos), de lo mandado por el Estatuto
de Roma (Derecho Internacional Penal), de los fallos proferidos por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos relativos a los conflictos y su terminación, y demás sentencias de competencias reconocidas
universalmente y pronunciamientos de autoridad relativos a los temas suscritos;

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Recordando que el Artículo 94 manifiesta que “la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la
Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que,
siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”, que los tratados sobre
derechos humanos, aprobados por el Congreso, y que no pueden ser suspendidos ni siquiera durante los
estados de excepción, prevalecen en el orden interno;

Poniendo en consideración que la suma de los acuerdos que conforman el Acuerdo Final contribuyen a la
satisfacción de derechos fundamentales como son los derechos políticos, sociales, económicos y
culturales, y los derechos de las víctimas del conflicto a la verdad, la justicia y la reparación, el derecho
de los niños, niñas y adolescentes, el derecho fundamental de la seguridad jurídica individual o colectiva
y la seguridad física, y el derecho fundamental de cada individuo en particular y de la sociedad sin distingos
en general, a la no repetición de la tragedia del conflicto armado interno que con el presente Acuerdo se
propone superar;

Subrayando que el Acuerdo Final presta especial atención a los derechos fundamentales de las mujeres,
los de los grupos sociales vulnerables como son los pueblos indígenas, las niñas, niños y adolescentes, las
comunidades afrodescendientes y otros grupos étnicamente diferenciados; los derechos fundamentales
de los campesinos y campesinas, los derechos esenciales de las personas en condición de discapacidad y
de los desplazados por razones del conflicto; los derechos fundamentales de las personas adultas mayores
y de la población LGBTI;

Considerando que a juicio del Gobierno Nacional las transformaciones que conlleva la implementación del
presente Acuerdo deben contribuir a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que
han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio; y que a juicio de las FARC-EP dichas
transformaciones deben contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no
resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del campesinado
y el atraso de las comunidades rurales, que afecta especialmente a las mujeres, niñas y niños.

Valorando y exaltando que el eje central de la paz es impulsar la presencia y la acción eficaz del Estado en
todo el territorio nacional, en especial en múltiples regiones doblegadas hoy por el abandono, por la
carencia de una función pública eficaz, y por los efectos del mismo conflicto armado interno; que es meta
esencial de la reconciliación nacional la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo y bienestar
territorial para beneficio de amplios sectores de la población hasta ahora víctima de la exclusión y la
desesperanza;

Reconociendo los derechos de la sociedad a una seguridad humana integral con participación de las
autoridades civiles;

Exaltando y consagrando la justicia prospectiva en tanto reconoce derechos fundamentales esenciales
para las nuevas y futuras generaciones como son el derecho a una tierra preservada, el derecho a la
preservación de la especie humana, el derecho a conocer sus orígenes y su identidad, el derecho a la
exención de responsabilidades por las acciones cometidas por las generaciones precedentes, el derecho
a la preservación de la libertad de opción, y otros derechos, sin perjuicio de los derechos de las víctimas a
la verdad, la justicia y la reparación;

Recordando que el pasado 23 de junio del año en curso, las Delegaciones del Gobierno Nacional y de las
FARC-EP suscribieron en la capital cubana los acuerdos de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y
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Definitivo y Dejación de las Armas y Garantías de Seguridad, en presencia del Presidente de los Consejos
de Estado y de Ministros de la República de Cuba, del Secretario General de Naciones Unidas, del
Presidente de la Asamblea General de la ONU, del Presidente del Consejo de Seguridad de la misma
organización, del Ministro de Relaciones Exteriores del Reino de Noruega, de los Jefes de Estado de los
países acompañantes, de Jefes de Gobierno de países de la región, del Enviado Especial de los Estados
Unidos de América y del Representante Especial de la Unión Europea;

Aceptando que las normas de derecho internacional consuetudinario continuarán rigiendo las cuestiones
relacionadas con derechos fundamentales no mencionados en el Acuerdo Final, incluyendo el mandato
imperativo que ordena que “en los casos no previstos por el derecho vigente, la persona humana queda
bajo la salvaguardia de los principios de humanidad y de la exigencias de la conciencia pública”;

Reconociendo el mandato constitucional que afirma que corresponde al Presidente de la República como
Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa convenir y ratificar acuerdos de
paz;

El Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del
Pueblo, hemos acordado:

Suscribir el presente Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable
y Duradera, cuya ejecución pondrá fin de manera definitiva a un conflicto armado de más de cincuenta
años y que a continuación se consigna.

El presente Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera
se suscribe por el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del
Pueblo (FARC-EP), como Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra
de 1949.

El Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP),
firman siete originales incluidos sus anexos, uno para cada una de las partes, uno para cada uno de los
países garantes y uno para cada uno de los países acompañantes. El séptimo ejemplar original se
depositará inmediatamente tras su firma, ante el Consejo Federal Suizo en Berna o ante el organismo que
lo sustituya en el futuro como depositario de las Convenciones de Ginebra.













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INTRODUCCIÓN

Luego de un enfrentamiento de más de medio siglo de duración, el Gobierno Nacional y las FARC-EP
hemos acordado poner fin de manera definitiva al conflicto armado interno.

La terminación de la confrontación armada significará, en primer lugar, el fin del enorme sufrimiento que
ha causado el conflicto. Son millones los colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado,
cientos de miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos de toda índole, sin olvidar el amplio
número de poblaciones que han sido afectadas de una u otra manera a lo largo y ancho del territorio,
incluyendo mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas,
negras, palenqueras, raizales y rom, partidos políticos, movimientos sociales y sindicales, gremios
económicos, entre otros. No queremos que haya una víctima más en Colombia.

En segundo lugar, el fin del conflicto supondrá la apertura de un nuevo capítulo de nuestra historia. Se
trata de dar inicio a una fase de transición que contribuya a una mayor integración de nuestros territorios,
una mayor inclusión social -en especial de quienes han vivido al margen del desarrollo y han padecido el
conflicto- y a fortalecer nuestra democracia para que se despliegue en todo el territorio nacional y asegure
que los conflictos sociales se tramiten por las vías institucionales, con plenas garantías para quienes
participen en política.

Se trata de construir una paz estable y duradera, con la participación de todos los colombianos y
colombianas. Con ese propósito, el de poner fin de una vez y para siempre a los ciclos históricos de
violencia y sentar las bases de la paz, acordamos los puntos de la Agenda del Acuerdo General de agosto
de 2012, que desarrolla el presente Acuerdo.

El Acuerdo está compuesto de una serie de acuerdos, que sin embargo constituyen un todo indisoluble,
porque están permeados por un mismo enfoque de derechos, para que las medidas aquí acordadas
contribuyan a la materialización de los derechos constitucionales de los colombianos; por un mismo
enfoque diferencial y de género, para asegurar que la implementación se haga teniendo en cuenta la
diversidad de género, étnica y cultural, y que se adopten medidas para las poblaciones y los colectivos
más humildes y más vulnerables, en especial los niños y las niñas, las mujeres, las personas en condición
de discapacidad y las víctimas; y en especial por un mismo enfoque territorial.

El enfoque territorial del Acuerdo supone reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y
particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades, garantizando la
sostenibilidad socio-ambiental; y procurar implementar las diferentes medidas de manera integral y
coordinada, con la participación activa de la ciudadanía. La implementación se hará desde las regiones y
territorios y con la participación de las autoridades territoriales y los diferentes sectores de la sociedad.
La participación ciudadana es el fundamento de todos los acuerdos que constituyen el Acuerdo Final.
Participación en general de la sociedad en la construcción de la paz y participación en particular en la
planeación, la ejecución y el seguimiento a los planes y programas en los territorios, que es además una
garantía de transparencia.

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Además, la participación y el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad contribuyen a la
construcción de confianza y a la promoción de una cultura de tolerancia, respeto y convivencia en general,
que es un objetivo de todos los acuerdos. Décadas de conflicto han abierto brechas de desconfianza al
interior de la sociedad, en especial en los territorios más afectados por el conflicto. Para romper esas
barreras se requiere abrir espacios para la participación ciudadana más variada y espacios que promuevan
el reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento y establecimiento de responsabilidades, y en general,
el reconocimiento por parte de toda la sociedad de lo ocurrido y de la necesidad de aprovechar la
oportunidad de la paz.

Por lo anterior, el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, con el ánimo de consolidar aún más las bases
sobre las que edificará la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el plebiscito, convocarán a
todos los partidos, movimientos políticos y sociales, y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran
ACUERDO POLÍTICO NACIONAL encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para
atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y
social.

*
El Acuerdo Final contiene los siguientes puntos, con sus correspondientes acuerdos, que pretenden
contribuir a las transformaciones necesarias para sentar las bases de una paz estable y duradera.
El Punto 1 contiene el acuerdo “Reforma Rural Integral”, que contribuirá a la transformación estructural
del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen
vivir para la población rural. La “Reforma Rural Integral” debe integrar las regiones, contribuir a erradicar
la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía.

El Punto 2 contiene el acuerdo “Participación política: Apertura democrática para construir la paz”. La
construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación
democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y
la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo
y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas
garantías para la participación y la inclusión política.

En especial, la implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la
democracia en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de
acción política para todas y todos los colombianos a fin de transitar a un escenario en el que impere la
democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera abrirá nuevos
espacios para la participación.

El Punto 3 contiene el acuerdo “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las
Armas”, que tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública
y las FARC-EP, y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las reglas que rigen el Cese,
incluyendo la afectación a la población, y de esa manera crear las condiciones para el inicio de la
implementación del Acuerdo Final y la dejación de las armas y preparar la institucionalidad y al país para
la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil.

Contiene también el acuerdo “Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil –en lo económico, lo social y
lo político- de acuerdo con sus intereses”. Sentar las bases para la construcción de una paz estable y
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duradera requiere de la reincorporación efectiva de las FARC-EP a la vida social, económica y política del
país. La reincorporación ratifica el compromiso de las FARC-EP de cerrar el capítulo del conflicto interno,
convertirse en actor válido dentro de la democracia y contribuir decididamente a la consolidación de la
convivencia pacífica, a la no repetición y a transformar las condiciones que han facilitado la persistencia
de la violencia en el territorio.

El Punto 3 también incluye el acuerdo sobre “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones
criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores y defensoras de
derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones
criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la
persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la
construcción de la paz”. Para cumplir con este fin, el acuerdo incluye medidas como el Pacto Político
Nacional; la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; la Unidad Especial de Investigación; el Cuerpo
Élite en la Policía Nacional; el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política; el Programa
Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios; y las Medidas
de Prevención y Lucha contra la Corrupción.

El Punto 4 contiene el acuerdo “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”. Para construir la paz es
necesario encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de
uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas. Para lo cual se promueve una nueva visión
que dé un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de
uso ilícito, y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de
derechos humanos y salud pública, diferenciado y de género.

El Punto 5 contiene el acuerdo “Víctimas”. Desde el Encuentro Exploratorio de 2012, acordamos que el
resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro de cualquier acuerdo. El acuerdo crea el Sistema
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuye a la lucha contra la impunidad
combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones a los
derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con mecanismos
extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la
búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a colectivos
y a territorios enteros.

El Sistema Integral está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y
la No Repetición; la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto
y en razón del conflicto armado; la Jurisdicción Especial para la Paz; las Medidas de reparación integral
para la construcción de la paz; y las Garantías de No Repetición.

El Punto 6 contiene el acuerdo “Mecanismos de implementación y verificación” en el que se crea una
“Comisión de implementación, seguimiento y verificación del Acuerdo Final de Paz y de resolución de
diferencias”, integrada por representantes del Gobierno Nacional y de las FARC-EP con el fin, entre otros,
de hacer seguimiento a los componentes del Acuerdo y verificar su cumplimiento, servir de instancia para
la resolución de diferencias, y el impulso y seguimiento a la implementación legislativa.

Adicionalmente crea un mecanismo de acompañamiento para que la comunidad internacional contribuya
de distintas maneras a garantizar la implementación del Acuerdo Final y en materia de verificación se
pone en marcha un modelo con un componente internacional integrado por los países que durante el
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proceso han tenido el papel de garantes y acompañantes y dos vocerías internacionales, todo ello
soportado en la capacidad técnica del Proyecto del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la
Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos.

*

Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP reiteramos nuestro profundo agradecimiento a
todas las víctimas, las organizaciones sociales y de Derechos Humanos, las comunidades incluyendo los
grupos étnicos, a las organizaciones de mujeres, a los campesinos y campesinas, a los jóvenes, la
academia, los empresarios, la Iglesia y comunidades de fe, y en general a los ciudadanos y ciudadanas que
participaron activamente y que a través de sus propuestas contribuyeron al Acuerdo Final. Con su
participación lograremos la construcción de una paz estable y duradera.



































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Los delegados y delegadas del Gobierno de la República de Colombia (el Gobierno Nacional) y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), respecto a:

1. Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral

Consideran:

Que en el marco del presente Acuerdo para la Terminación del Conflicto, la Reforma Rural Integral, en
adelante RRI, sienta las bases para la transformación estructural del campo, crea condiciones de bienestar
para la población rural —hombres y mujeres— y de esa manera contribuye a la construcción de una paz
estable y duradera.

Que a juicio del Gobierno esa transformación debe contribuir a reversar los efectos del conflicto y a
cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio. Y que a juicio de
las FARC-EP dicha transformación debe contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la
cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del
campesinado y el atraso de las comunidades rurales, que afecta especialmente a las mujeres, niñas y
niños.

Que la RRI concibe el territorio rural como un escenario socio-histórico con diversidad social y cultural, en
el que las comunidades —hombres y mujeres— desempeñan un papel protagónico en la definición del
mejoramiento de sus condiciones de vida y en la definición del desarrollo del país dentro de una visión de
integración urbano-rural.

Que el desarrollo rural integral es determinante para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo
social y económico equitativo del país. La RRI debe lograr la gran transformación de la realidad rural
colombiana, que integre las regiones, erradique la pobreza, promueva la igualdad, asegure el pleno
disfrute de los derechos de la ciudadanía con un enfoque de género y como consecuencia garantice la no
repetición del conflicto y la erradicación de la violencia.

Que una verdadera transformación estructural del campo requiere adoptar medidas para promover el
uso adecuado de la tierra de acuerdo con su vocación y estimular la formalización, restitución y
distribución equitativa de la misma, garantizando el acceso progresivo a la propiedad rural de quienes
habitan el campo y en particular a las mujeres rurales1 y la población más vulnerable, regularizando y
democratizando la propiedad y promoviendo la desconcentración de la tierra, en cumplimiento de su
función social.



1

Según lo establecido en la ley 731 de 2002, “Por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales”, mujer rural es
toda aquella que, sin distingo de ninguna naturaleza e independientemente del lugar donde viva, tiene una actividad productiva
relacionada directamente con lo rural, incluso si dicha actividad no es reconocida por los sistemas de información y medición del
Estado o no es remunerada. Esta definición incluye a las mujeres campesinas, indígenas y afro, sin tierras o con tierra insuficiente.

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Que esa transformación estructural requiere también que se promueva la equidad de género mediante la
adopción de medidas específicas para garantizar que mujeres y hombres participen y se beneficien en pie
de igualdad de la implementación de este Acuerdo.
Que si bien este acceso a la tierra es una condición necesaria para la transformación del campo, no es
suficiente por lo cual deben establecerse planes nacionales financiados y promovidos por el Estado
destinados al desarrollo rural integral para la provisión de bienes y servicios públicos como educación,
salud, recreación, infraestructura, asistencia técnica, alimentación y nutrición, entre otros, que brinden
bienestar y buen vivir a la población rural —niñas, niños, hombres y mujeres.

Que en su visión, la RRI reconoce el papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria
en el desarrollo del campo, la erradicación del hambre, la generación de empleo e ingresos, la dignificación
y formalización del trabajo, la producción de alimentos y, en general, en el desarrollo de la nación, en
coexistencia y articulación complementaria con otras formas de producción agraria. La RRI reconoce el
rol productivo y reproductivo de las mujeres y en esa medida su papel fundamental en el desarrollo y
la economía rural y hará mayores esfuerzos para ellas y en la población más vulnerable para garantizarle
condiciones de bienestar y buen vivir y para fortalecer sus formas de organización y producción.

Que la RRI en materia de alimentos y nutrición pretende asegurar para toda la población rural y urbana
en Colombia disponibilidad y acceso suficiente en oportunidad, cantidad, calidad y precio a los alimentos
necesarios para una buena nutrición, especialmente la de los niños y niñas, mujeres gestantes y lactantes
y personas adultas mayores, promoviendo prioritariamente la producción de alimentos y la generación
de ingresos.

Que la efectividad, transparencia y el buen desarrollo de la RRI dependen en gran medida de la promoción
de una amplia participación de las comunidades, mediante la generación de espacios institucionales
participativos y democráticos donde éstas tengan capacidad de transformación e incidencia en la
planeación, implementación y seguimiento de los diferentes planes y programas acordados. La
participación es así mismo garantía de una mayor inclusión de las comunidades rurales —mujeres y
hombres— en la vida política, económica, social y cultural de sus regiones y, por ende, de la nación.

Que a la transformación estructural del campo y en particular al cierre de la frontera agrícola, contribuyen
los campesinos, las campesinas y las comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y
palenqueras y demás comunidades étnicas en sus territorios, con un ordenamiento socio-ambiental
sostenible. Para ello es necesario el reconocimiento y apoyo a las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y
demás formas de asociatividad solidaria.
Que la RRI es de aplicación universal y su ejecución prioriza los territorios más afectados por el conflicto,
la miseria y el abandono, a través de programas de desarrollo con enfoque territorial, como instrumentos
de reconciliación en el que todos sus actores trabajan en la construcción del bien supremo de la paz,
derecho y deber de obligatorio cumplimiento.

Que los planes y programas acordados como parte de la RRI deben tener un enfoque territorial, diferencial
y de género que implica reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades
económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades rurales —niñas, niños, mujeres y
hombres, incluyendo personas con orientación sexual e identidad de género diversa— y garantizar la
sostenibilidad socio-ambiental.
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Que el desarrollo rural integral se adelantará en un contexto de globalización y de políticas de inserción
en ella por parte del Estado que demandan una atención especial de la producción agropecuaria nacional
y especialmente de la producción campesina, familiar y comunitaria.

Principios

En la implementación de lo acordado en el punto “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural
Integral” se tendrán en cuenta los siguientes principios:

• Transformación estructural: es decir la transformación de la realidad rural con equidad, igualdad
y democracia.

• Igualdad y enfoque de género: Reconocimiento de las mujeres como ciudadanas autónomas,
sujetos de derechos que, independientemente de su estado civil, relación familiar o comunitaria,
tienen acceso en condiciones de igualdad con respecto a los hombres a la propiedad de la tierra
y proyectos productivos, opciones de financiamiento, infraestructura, servicios técnicos y
formación, entre otros; atendiendo las condiciones sociales e institucionales que han impedido a
las mujeres acceder a activos productivos y bienes públicos y sociales. Este reconocimiento
implica la adopción de medidas específicas en la planeación, ejecución y seguimiento a los planes
y programas contemplados en este acuerdo para que se implementen teniendo en cuenta las
necesidades específicas y condiciones diferenciales de las mujeres, de acuerdo con su ciclo vital,
afectaciones y necesidades (enfoque de género).

• Bienestar y buen vivir: el objetivo final es la erradicación de la pobreza y la satisfacción plena de
las necesidades de la ciudadanía de las zonas rurales, de manera que se logre en el menor plazo
posible que los campesinos, las campesinas y las comunidades, incluidas las afro descendientes e
indígenas, ejerzan plenamente sus derechos y se alcance la convergencia entre la calidad de vida
urbana y la calidad de vida rural, respetando el enfoque territorial, el enfoque de género y la
diversidad étnica y cultural de las comunidades.

• Priorización: la política de desarrollo agrario integral es universal y su ejecución prioriza la
población y los territorios más necesitados y vulnerables, y las comunidades más afectadas por la
miseria, el abandono y el conflicto, y hace énfasis en pequeños y medianos productores y
productoras. Especial atención merecen los derechos de los niños y niñas, de las mujeres, y de las
personas adultas mayores.

• Integralidad: asegura la productividad, mediante programas que acompañen el acceso efectivo a
la tierra, con innovación, ciencia y tecnología, asistencia técnica, crédito, riego y comercialización
y con otros medios de producción que permitan agregar valor. También asegura oportunidades
de buen vivir que se derivan del acceso a bienes públicos como salud, vivienda, educación,
infraestructura y conectividad y de medidas para garantizar una alimentación sana, adecuada y
sostenible para toda la población.


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Restablecimiento: el restablecimiento de los derechos de las víctimas del desplazamiento y del
despojo, y la reversión de los efectos del conflicto y del abandono sobre comunidades y
territorios.

Regularización de la propiedad: es decir, lucha contra la ilegalidad en la posesión y propiedad de
la tierra y garantía de los derechos de los hombres y las mujeres que son los legítimos poseedores
y dueños, de manera que no se vuelva a acudir a la violencia para resolver los conflictos
relacionados con la tierra.

Derecho a la alimentación: la política de desarrollo agrario integral debe estar orientada a
asegurar progresivamente que todas las personas tengan acceso a una alimentación sana y
adecuada y que los alimentos se produzcan bajo sistemas sostenibles.












Participación: la planeación, la ejecución y el seguimiento a los planes y programas se adelantarán
con la activa participación de las comunidades —hombres y mujeres—, que es además garantía
de transparencia unida a la rendición de cuentas, a la veeduría ciudadana y a la vigilancia especial
de los organismos competentes.

Beneficio, impacto y medición: teniendo en cuenta la priorización, debe beneficiar e impactar al
mayor número de ciudadanos y ciudadanas, con la mayor intensidad y en el menor tiempo
posible, y medir sus efectos en cada proyecto y región.

Desarrollo sostenible: es decir, es ambiental y socialmente sostenible y requiere de la protección
y promoción del acceso al agua, dentro de una concepción ordenada del territorio.

Presencia del Estado: para la construcción de una paz estable y duradera la presencia del Estado
en el territorio rural será amplia y eficaz, y se expresará en el cumplimiento de los derechos de
todos los ciudadanos y las ciudadanas en democracia.

Democratización del acceso y uso adecuado de la tierra: mecanismos y garantías que permitan
que el mayor número posible de hombres y mujeres habitantes del campo sin tierra o con tierra
insuficiente puedan acceder a ella y que incentiven el uso adecuado de la tierra con criterios de
sostenibilidad ambiental, de vocación del suelo, de ordenamiento territorial y de participación de
las comunidades. Con ese propósito y de conformidad con lo acordado en el punto 1.1.1 Fondo
de Tierras para la RRI (3 millones de hectáreas) y en el punto 1.1.5. Formalización masiva de la
Propiedad Rural (7 millones de hectáreas), durante los próximos 10 años habrá una extensión
objeto de la Reforma Rural Integral de 10 millones de hectáreas.


1.1. Acceso y Uso. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y
protección de zonas de reserva.

1.1.1. Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral

Con el propósito de lograr la democratización del acceso a la tierra, en beneficio de los campesinos y de
manera especial las campesinas sin tierra o con tierra insuficiente y de las comunidades rurales más
afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto, regularizando los derechos de propiedad y en
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consecuencia desconcentrando y promoviendo una distribución equitativa de la tierra, el Gobierno
Nacional creará un Fondo de Tierras de distribución gratuita. El Fondo de Tierras, que tiene un carácter
permanente, dispondrá de 3 millones de hectáreas durante sus primeros 10 años de creación, las que
provendrán de las siguientes fuentes:
Tierras provenientes de la extinción judicial de dominio a favor de la Nación: el Gobierno
Nacional adelantará las reformas necesarias para agilizar el proceso judicial de extinción,
con el fin de revertir la concentración ilegal de tierras.
• Tierras recuperadas a favor de la Nación: es decir, baldíos indebidamente apropiados u
ocupados, recuperados mediante procesos agrarios, sin perjuicio de los campesinos y las
campesinas que puedan ser beneficiarios del programa de formalización. (Esta fuente
deberá resultar fortalecida con la formación y actualización catastral que se adelantará en
el marco de este Acuerdo)
• Tierras provenientes de la actualización, delimitación y fortalecimiento de la Reserva
Forestal, con destino a los beneficiarios y beneficiarias del Fondo de Tierras: la sustracción
de tierras mediante este mecanismo estará condicionada a la formulación, con la
participación de las comunidades, de planes que garanticen sostenibilidad social y
ambiental.
• Tierras inexplotadas: tierras recuperadas mediante la aplicación del actual procedimiento
de extinción administrativa de dominio, por incumplimiento de la función social y
ecológica de la propiedad.
• Tierras adquiridas o expropiadas por motivos de interés social o de utilidad pública,
adquiridas para promover el acceso a la propiedad rural, con la correspondiente
indemnización.
• Tierras donadas: el Gobierno Nacional adelantará las gestiones necesarias para facilitar
los procedimientos de donación de tierras al Fondo de Tierras, en el marco de la
terminación del conflicto y de la construcción de la paz.

1.1.2. Otros mecanismos para promover el acceso a la tierra: como complemento de los
mecanismos anteriores, el Gobierno Nacional se compromete a:







Subsidio integral para compra: se otorgará un subsidio integral para la compra de tierras
por parte de las personas beneficiarias (ver 1.1.3.), en las zonas priorizadas y como
herramienta alternativa que contribuya a solucionar problemas puntuales de acceso, y que
cuente con medidas específicas para facilitar el acceso de las mujeres al subsidio.

Crédito especial para compra: Se abrirá una nueva línea de crédito especial subsidiada de
largo plazo para la compra de tierras por parte de la población beneficiaria con medidas
especiales para las mujeres rurales (ver 1.1.3.).


1.1.3. Personas beneficiarias: los beneficiarios y las beneficiarias del plan de adjudicación gratuita
y del subsidio integral y el crédito especial, serán trabajadores y trabajadoras con vocación
agraria sin tierra o con tierra insuficiente, priorizando a las mujeres rurales, mujeres cabeza
de familia y a la población desplazada. También podrán ser beneficiarias asociaciones de
trabajadores y trabajadoras con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente, así
como personas y comunidades que participen en programas de asentamiento y
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reasentamiento con el fin, entre otros, de proteger el medio ambiente, sustituir cultivos
ilícitos y fortalecer la producción alimentaria.

Las personas beneficiarias del plan de adjudicación gratuita y del subsidio integral serán
seleccionadas con la participación de las comunidades locales —hombres y mujeres—,
como garantía de transparencia y eficacia. Gobierno y comunidades velarán por evitar la
especulación con la tierra en el marco de estos programas.

1.1.4. Acceso integral: en desarrollo de los principios de bienestar y buen vivir, y de integralidad,
además del acceso a tierra, el Gobierno Nacional pondrá a disposición de los hombres y
mujeres beneficiarios del Fondo de Tierras, planes de acompañamiento en vivienda,
asistencia técnica, capacitación, adecuación de tierras y recuperación de suelos donde sea
necesario, proyectos productivos, comercialización y acceso a medios de producción que
permitan agregar valor, entre otros, y escalará la provisión de bienes públicos en el marco
de los Programas de Desarrollo Agrario Integral con Enfoque Territorial, en adelante PDET.

Además de las medidas mencionadas en este numeral y las referidas en el 1.1.1. en materia
de acceso a tierra, el Gobierno Nacional pondrá en marcha, en el marco de los estímulos a
la producción agropecuaria que se detallan en el numeral 1.3.3., medidas para apoyar la
generación de ingresos, la superación de la pobreza y fomentar la economía solidaria y el
cooperativismo de los campesinos que ocupan predios categorizados como mini o
microfundio.

1.1.5. Formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad rural: con el propósito de
regularizar y proteger los derechos de la pequeña y mediana propiedad rural, es decir,
garantizar los derechos de las personas que sean legítimas dueñas y poseedoras de la tierra,
de manera que no se vuelva a recurrir a la violencia para resolver los conflictos relacionados
con ella y como garantía contra el despojo de cualquier tipo, el Gobierno Nacional
formalizará progresivamente, con sujeción al ordenamiento constitucional y legal, todos los
predios que ocupa o posee la población campesina en Colombia. Con este propósito, el
Gobierno Nacional formalizará 7 millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad
rural, priorizando áreas como las relacionadas con los Programas de Desarrollo con Enfoque
Territorial (PDET), Zonas de Reserva Campesina, y otras que el Gobierno defina. En
desarrollo de este propósito el Gobierno:

• Adecuará un plan de formalización masiva y adelantará las reformas normativas y
operativas pertinentes, garantizando la participación de las comunidades y sus
organizaciones. El plan deberá contar con medidas específicas que permitan superar los
obstáculos que afrontan las mujeres rurales para la formalización de la propiedad.

• Garantizará la gratuidad de la formalización de la pequeña propiedad rural, acompañando
tanto el proceso de adjudicación de baldíos, como el de saneamiento de la propiedad.

• En el marco de la jurisdicción agraria que se cree, el Gobierno se asegurará de la existencia
de un recurso ágil y expedito para la protección de los derechos de propiedad.

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En caso de que la propiedad formalizada sea inferior a una Unidad Agrícola Familiar (UAF)2,
el pequeño propietario y propietaria formalizados podrán también beneficiarse del plan de
acceso del Fondo de Tierras y de los mecanismos alternativos como crédito y subsidio para
compra para contribuir a superar la proliferación de minifundios improductivos.
1.1.6. Tierras inalienables e inembargables: con el fin de garantizar el bienestar y el buen vivir de
las personas beneficiarias y de evitar la concentración de la tierra distribuida mediante la
adjudicación gratuita o subsidio integral para compra y los baldíos formalizados, éstos y
aquella serán inalienables e inembargables por un período de 7 años. Pasarán al Fondo de
Tierras los predios distribuidos y los adquiridos mediante el subsidio integral para compra
que hayan recibido apoyo integral y sin embargo caigan durante este período en situación
de inexplotación por parte de las personas beneficiarias, salvo fuerza mayor o caso fortuito,
o que sean usados ilegalmente. En todo tiempo se promoverá y protegerá la función social
de la propiedad rural y, en particular, la agricultura familiar.



1.1.7. Restitución: el Gobierno Nacional y las FARC-EP comparten el propósito de que se reviertan
los efectos del conflicto, que se restituyan a las víctimas del despojo y del desplazamiento
forzado y a las comunidades sus derechos sobre la tierra, y que se produzca el retorno
voluntario de mujeres y hombres en situación de desplazamiento. Para ello se pondrán en
marcha las medidas acordadas en el punto 5 “Víctimas”.


1.1.8. Algunos mecanismos de resolución de conflictos de tenencia y uso y de fortalecimiento
de la producción alimentaria: con el propósito de contribuir en la regularización y
protección de los derechos de propiedad, promover el uso adecuado de la tierra, mejorar
su planificación y ordenamiento, prevenir y mitigar los conflictos de uso y tenencia, y en
particular solucionar los conflictos que amenacen o limiten la producción de alimentos, el
Gobierno Nacional:



Creará mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos de uso y
tenencia de la tierra, que tengan como propósito garantizar la protección efectiva de los
derechos de propiedad en el campo; resolver los conflictos relacionados con los derechos
de tenencia y uso de la tierra; y, en general, promover la regularización de la propiedad
rural, incluyendo mecanismos tradicionales y la intervención participativa de las
comunidades en la resolución de conflictos. Además, pondrá en marcha con igual
propósito, una nueva jurisdicción agraria que tenga una adecuada cobertura y capacidad
en el territorio, con énfasis en las zonas priorizadas, y con mecanismos que garanticen un
acceso a la justicia que sea ágil y oportuno para la población rural en situación de pobreza,
con asesoría legal y formación especial para las mujeres sobre sus derechos y el acceso a la
justicia y con medidas específicas para superar las barreras que dificultan el reconocimiento
y protección de los derechos de las mujeres sobre la tierra. Se promoverá la participación
de las mujeres y sus organizaciones en los diferentes espacios que se creen para la
conciliación y resolución de conflictos sobre uso y tenencia de la tierra.



2

Se entiende por Unidad Agrícola Familiar (UAF), lo establecido en el art. 38 de la ley 160 de 1994.

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Creará una instancia de alto nivel que se encargará de la formulación de lineamientos
generales de uso de la tierra, atendiendo las características de su vocación, el bien común
y las visiones territoriales de desarrollo rural construidos en el marco de las instancias de
participación que contarán con representación equilibrada de hombres y mujeres. En el
diseño de los lineamientos se tendrá en cuenta: 1) la sostenibilidad socio-ambiental y la
conservación de los recursos hídricos y de la biodiversidad; 2) la compatibilidad entre
vocación y uso del suelo rural; 3) la prioridad de la producción de alimentos para el
desarrollo del país, que permita que coexista con otras actividades económicas y
promocionando su progresión hacia la autosuficiencia; 4) las particularidades sociales,
culturales y económicas de los territorios.

• Promoverá el uso efectivo de los espacios de participación y decisión en la planificación de
los usos del suelo rural y el ordenamiento del territorio.

• Creará mecanismos de concertación y diálogo social entre el Gobierno Nacional, regional y
local, los campesinos y las campesinas y las comunidades indígenas, negras,
afrodescendientes, raizales y palenqueras, y otras comunidades en donde conviven
diferentes etnias y culturas, y las empresas del sector privado que adelanten su actividad
económica en los territorios rurales, con el fin de generar espacios formales de
interlocución entre actores con diversos intereses, que permitan impulsar una agenda de
desarrollo común, orientada hacia la sostenibilidad socio-ambiental, el bienestar de los
pobladores rurales y el crecimiento económico con equidad.

1.1.9. Formación y actualización del catastro e impuesto predial rural: con el propósito de
propiciar el uso adecuado, productivo y sostenible de la tierra, crear un sistema de
información que sirva para la promoción del desarrollo agrario integral, incrementar el
recaudo efectivo de los municipios y la inversión social, estimular la desconcentración de la
propiedad rural improductiva, y en general regularizar con transparencia la propiedad de la
tierra, el Gobierno Nacional pondrá en marcha:









Un Sistema General de Información Catastral, integral y multipropósito, que en un plazo
máximo de 7 años concrete la formación y actualización del catastro rural, vincule el
registro de inmuebles rurales y se ejecute en el marco de la autonomía municipal. En
desarrollo de los principios de Priorización y de Bienestar y Buen vivir, este catastro deberá
producir resultados tempranos en las zonas priorizadas, en el marco de lo que acuerden el
Gobierno Nacional y las FARC-EP. Este sistema tendrá información desagregada por
sexo/género y etnia, que permita, entre otros, contar con información sobre el tamaño y
las características de los predios en manos de mujeres, su relación con la tierra y las formas
de titulación.

Apoyo técnico, administrativo y financiero a los municipios para la formación, donde sea
necesario, actualización y conservación del catastro rural.

La garantía de una amplia y efectiva participación ciudadana que vele por la transparencia
de la información. En todo caso, los asuntos de orden catastral, que tengan que ver con las
comunidades rurales, contarán con la participación de sus integrantes. En ningún caso lo
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aquí acordado afectará los derechos adquiridos por las comunidades indígenas y
afrodescendientes y demás comunidades rurales.

Un sistema para que los municipios liquiden, cobren y recauden efectivamente el impuesto
predial, en desarrollo de la actualización catastral y dentro del marco de su autonomía.

La adecuación de una normatividad para que los municipios fijen las tarifas del impuesto
predial en desarrollo del principio de progresividad: el que más tiene más paga,
fundamentado en la equidad y la justicia social.

Incentivos a los municipios incluyendo, cuando sea necesario, transferencias a las finanzas
municipales, para que adopten exenciones al impuesto predial para las personas
beneficiarias de los programas de acceso y para los pequeños productores.


Los propósitos de la formación y actualización integral del catastro, como del registro de
inmuebles rurales, además de obtener el mejoramiento sostenible de la información y de
los procesos catastrales, apuntarán a dar seguridad jurídica y social, especialmente a la
pequeña y mediana propiedad rural, en beneficio de la producción alimentaria y del
equilibrio ambiental.

1.1.10. Cierre de la frontera agrícola y protección de zonas de reserva: con el propósito de
delimitar la frontera agrícola, proteger las áreas de especial interés ambiental y generar
para la población que colinda con ellas o las ocupan, alternativas equilibradas entre medio
ambiente y bienestar y buen vivir, bajo los principios de Participación de las comunidades
rurales y Desarrollo sostenible, el Gobierno Nacional:









Desarrollará en un plazo no mayor a 2 años un plan de zonificación ambiental que delimite
la frontera agrícola y que permita actualizar y de ser necesario ampliar el inventario, y
caracterizar el uso de las áreas que deben tener un manejo ambiental especial, tales como:
zonas de reserva forestal, zonas de alta biodiversidad, ecosistemas frágiles y estratégicos,
cuencas, páramos y humedales y demás fuentes y recursos hídricos, con miras a proteger
la biodiversidad y el derecho progresivo al agua de la población, propiciando su uso
racional.

Para el desarrollo del Plan, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los propios
emprendimientos de convivencia y desarrollo, y la participación de las comunidades y
organizaciones rurales —hombres y mujeres— como garantía del cumplimiento de los
propósitos de este punto, sin perjuicio de los intereses comunitarios y socio-ambientales y
del bien común.

Apoyará a las comunidades rurales que actualmente colindan con, o están dentro de, las
áreas que deben tener un manejo ambiental especial detalladas previamente, en la
estructuración de planes para su desarrollo, incluidos programas de reasentamiento o de
recuperación comunitaria de bosques y medio ambiente, que sean compatibles y
contribuyan con los objetivos de cierre de la frontera agrícola y conservación ambiental,
tales como: prestación de servicios ambientales, dando especial reconocimiento y
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valoración a los intangibles culturales y espirituales y protegiendo el interés social; sistemas
de producción alimentaria sostenible y silvopastoriles; reforestación; Zonas de Reserva
Campesina (ZRC); y en general, otras formas de organización de la población rural y de la
economía campesina sostenibles.

Con el fin de promover el uso adecuado de la tierra, además de la nueva estructura catastral
y de la progresividad del impuesto predial (1.1.9.), el Gobierno adoptará las medidas y
creará los incentivos necesarios para prevenir e impulsar soluciones a los conflictos entre
la vocación de la tierra y su uso real, teniendo en especial consideración el plan de
zonificación ambiental del que trata este punto y teniendo en cuenta el principio de
Bienestar y Buen Vivir. Las sustracciones de las Zonas de Reserva Forestal a las que se refiere
este Acuerdo, priorizarán el acceso a la tierra para campesinos y campesinas sin tierra o con
tierra insuficiente, a través de diferentes formas de organización o asociación, incluidas las
Zonas de Reserva Campesina, que contribuyan al cierre de la frontera agrícola, al
fortalecimiento de la economía campesina y a la agricultura familiar.

Las ZRC son iniciativas agrarias que contribuyen a la construcción de paz, a la garantía de
los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los campesinos y campesinas,
al desarrollo con sostenibilidad socio-ambiental y alimentaria y a la reconciliación de los
colombianos y colombianas. En consecuencia, el Gobierno Nacional, en concertación con
las comunidades, y teniendo en cuenta lo planteado en los principios de Bienestar y buen
vivir y Participación de la Reforma Rural Integral, promoverá el acceso a la tierra y la
planificación de su uso en las ZRC, haciendo efectivo el apoyo a los planes de desarrollo de
las zonas constituidas y de las que se constituyan, en respuesta a las iniciativas de las
comunidades y organizaciones agrarias que éstas consideren representativas, de manera
que cumplan con el propósito de promover la economía campesina, contribuir al cierre de
la frontera agrícola, aportar a la producción de alimentos y a la protección de las Zonas de
Reserva Forestal. Se promoverá la participación activa de las comunidades —hombres y
mujeres— que habitan en las ZRC en la ejecución de sus planes de desarrollo.

En el marco de los procesos de constitución de ZRC, el Gobierno, como resultado de
mecanismos de concertación, definirá con las comunidades interesadas las áreas de cada
una de ellas, atendiendo las necesidades de los campesinos que adelantan o quieran
adelantar procesos de constitución. La constitución de las ZRC estará acompañada de
procesos de formalización de la propiedad.


1.2. Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)

1.2.1. Objetivo: el objetivo de los PDET es lograr la transformación estructural del campo y el
ámbito rural, y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad, de manera que
se asegure:

• El bienestar y el buen vivir de la población en zonas rurales—niños y niñas, hombres y
mujeres— haciendo efectivos sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales, y
revirtiendo los efectos de la miseria y el conflicto;

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La protección de la riqueza pluriétnica y multicultural para que contribuya al conocimiento,
a la organización de la vida, a la economía, a la producción y al relacionamiento con la
naturaleza;

• El desarrollo de la economía campesina y familiar (cooperativa, mutual, comunal, micro
empresarial y asociativa solidaria) y de formas propias de producción de las comunidades
indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, mediante el acceso integral a
la tierra y a bienes y servicios productivos y sociales. Los PDET intervendrán con igual énfasis
en los espacios interétnicos e interculturales para que avancen efectivamente hacia el
desarrollo y la convivencia armónica;

• El desarrollo y la integración de las regiones abandonadas y golpeadas por el conflicto,
implementando inversiones públicas progresivas, concertadas con las comunidades, con el
fin de lograr la convergencia entre la calidad de vida rural y urbana, y fortalecer los
encadenamientos entre la ciudad y el campo;

• El reconocimiento y la promoción de las organizaciones de las comunidades, incluyendo a
las organizaciones de mujeres rurales, para que sean actores de primera línea de la
transformación estructural del campo;

• Hacer del campo colombiano un escenario de reconciliación en el que todos y todas
trabajan alrededor de un propósito común, que es la construcción del bien supremo de la
paz, derecho y deber de obligatorio cumplimiento.

1.2.2. Criterios de priorización: el proceso de transformación estructural del campo debe cobijar
la totalidad de las zonas rurales del país. Se priorizarán las zonas más necesitadas y urgidas
con PDET para implementar con mayor celeridad y recursos los planes nacionales que se
creen en el marco de este Acuerdo. Los criterios de priorización de las zonas serán:

• Los niveles de pobreza, en particular de pobreza extrema y de necesidades insatisfechas;
• El grado de afectación derivado del conflicto;
• La debilidad de la institucionalidad administrativa y de la capacidad de gestión;
• La presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías ilegítimas.

1.2.3. Planes de acción para la transformación regional: para cumplir con los objetivos de los
PDET, en cada zona priorizada es necesario elaborar de manera participativa un plan de
acción para la transformación regional, que incluya todos los niveles del ordenamiento
territorial, concertado con las autoridades locales y las comunidades. Los planes deben
contemplar:

• El enfoque territorial de las comunidades rurales que tenga en cuenta las características
socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de los territorios y sus habitantes, así
como sus necesidades diferenciadas en razón del género, edad, pertenencia étnica,
orientación sexual e identidad de género diversa, y condición de discapacidad, y la vocación
de los suelos, para poder desplegar los recursos de inversión pública de manera suficiente
y en armonía con los valores tangibles e intangibles de la nación.


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Un diagnóstico objetivo, elaborado con la participación de las comunidades —hombres y
mujeres—, en el que se consideren bajo el enfoque territorial señalado las necesidades en
el territorio y las acciones que coordinen los diferentes elementos, y tenga metas claras y
precisas que posibiliten la transformación estructural de las condiciones de vida y de
producción.
El Plan Nacional de Desarrollo acogerá las prioridades y metas de los PDET.

1.2.4. Mecanismos de participación: la participación activa de las comunidades —hombres y
mujeres— en conjunto con las autoridades de las entidades territoriales, es la base de los
PDET. Para ello se establecerán instancias de decisión en los distintos niveles territoriales,
en las que se incluya la presencia representativa de las comunidades, incluyendo la de las
mujeres rurales y sus organizaciones, y el acompañamiento de los órganos de control, para:

• Definir las prioridades en la implementación de los planes nacionales (vías, riego,
infraestructura, servicios, etc.) en el territorio, de acuerdo con las necesidades de la
población;

• Asegurar la participación comunitaria en la ejecución de las obras y su mantenimiento;

• Establecer mecanismos de seguimiento y veeduría de los proyectos.

1.2.5. Medios: los PDET serán el mecanismo de ejecución en las zonas priorizadas de los
diferentes planes nacionales que se deriven del Acuerdo.

El Gobierno nacional destinará los recursos necesarios para garantizar el diseño y ejecución
de los planes de acción para la transformación estructural, con el concurso de las entidades
territoriales.
1.2.6. Seguimiento y evaluación: los programas y planes de acción para la transformación
regional de cada zona priorizada tendrán mecanismos de seguimiento y evaluación local,
regional y nacional, como parte de los mecanismos generales de verificación y seguimiento
de los que trata el punto 6 para garantizar que lo que se acuerde, se implementa y se
cumple.

1.3. Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral

El objetivo central de los planes nacionales para la Reforma Rural Integral es por una parte la superación
de la pobreza y la desigualdad, para alcanzar el bienestar de la población rural; y por otra, la integración
y el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad.
La superación de la pobreza no se logra simplemente mejorando el ingreso de las familias, sino
asegurando que niños, niñas, mujeres y hombres tengan acceso adecuado a servicios y bienes públicos.
Esa es la base de una vida digna. Por eso la superación de la pobreza en el campo depende, ante todo, de
la acción conjunta de los planes nacionales para la Reforma Rural Integral, que en una fase de transición
de 10 años, logre la erradicación de la pobreza extrema y la reducción en todas sus dimensiones de la
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pobreza rural en un 50%, así como la disminución de la desigualdad y la creación de una tendencia hacia
la convergencia en mejores niveles de vida en la ciudad y en el campo. Las medidas para la superación de
la pobreza deberán tener enfoque de género que permita hacer frente a las necesidades particulares de
las mujeres en el campo.
1.3.1. Infraestructura y adecuación de tierras

1.3.1.1. Infraestructura vial: con el propósito de lograr la integración regional y el acceso a los
servicios sociales y a los mercados, incidir favorablemente sobre el precio de los
alimentos como garantía del derecho a la alimentación y mejorar el ingreso de la
población campesina, el gobierno nacional creará e implementará un Plan Nacional de
Vías Terciarias. En su desarrollo, el Plan tendrá en cuenta los siguientes criterios:

• La participación activa de las comunidades —hombres y mujeres— en la priorización,
ejecución y seguimiento de las obras.

• La asistencia técnica y la promoción de las capacidades organizativas de las
comunidades para garantizar el mantenimiento y la sostenibilidad de las obras.

• El estímulo a la economía local dando prioridad a la contratación de trabajadores y
trabajadoras y adquisición de materiales locales.

• La promoción y aplicación de diversas soluciones tecnológicas.

• La importancia de garantizar la sostenibilidad de las condiciones socioambientales.
1.3.1.2. Infraestructura de riego: con el propósito de impulsar la producción agrícola familiar
y la economía campesina en general, garantizando el acceso democrático y
ambientalmente sostenible al agua, el gobierno nacional creará e implementará el Plan
Nacional de Riego y Drenaje para la economía campesina, familiar y comunitaria. Para
el desarrollo del Plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios:











La promoción y aplicación de soluciones tecnológicas apropiadas de riego y drenaje
para la economía campesina, familiar y comunitaria, de acuerdo con las
particularidades de las zonas, del proyecto productivo y de las comunidades.

La recuperación de la infraestructura de riego de la economía campesina, familiar y
comunitaria.

El acompañamiento a las asociaciones de usuarios y usuarias en el diseño y
formulación de los proyectos de riego y drenaje.

La asistencia técnica y la promoción de las capacidades organizativas de las
comunidades para garantizar el mantenimiento, la administración y la sostenibilidad
económica y ambiental de los proyectos de riego y drenaje.

La promoción de prácticas adecuadas para el uso del agua en el riego.
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La preparación para mitigar los riesgos originados por el cambio climático.

1.3.1.3. Infraestructura eléctrica y de conectividad: con el propósito de garantizar condiciones
de vida digna y mejorar la conectividad, el gobierno nacional diseñará e implementará
un Plan Nacional de Electrificación Rural y un Plan Nacional de Conectividad Rural, con
los siguientes criterios:











La ampliación de la cobertura eléctrica.

La promoción y aplicación de soluciones tecnológicas apropiadas de generación
eléctrica de acuerdo con las particularidades del medio rural y de las comunidades.

La asistencia técnica y la promoción de las capacidades organizativas de las
comunidades para garantizar el mantenimiento y la sostenibilidad de las obras.

La capacitación en el uso adecuado de la energía para garantizar su sostenibilidad

La instalación de la infraestructura necesaria para garantizar el acceso a internet de
alta velocidad en las cabeceras municipales.

La oferta de soluciones de acceso comunitario a internet para centros poblados.

1.3.2. Desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza.

1.3.2.1. Salud: con el propósito de acercar la oferta de servicios de salud a las comunidades —
niños, niñas, mujeres, hombres, personas con pertenencia étnica, personas con
orientación sexual e identidad de género diversa y en condición de discapacidad—,
fortalecer la infraestructura y la calidad de la red pública en las zonas rurales y mejorar
la oportunidad y la pertinencia de la prestación del servicio, se creará e implementará
el Plan Nacional de Salud Rural. Para el desarrollo del Plan se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:

• La construcción y el mejoramiento de la infraestructura sobre la base de un diagnóstico
amplio y participativo que permita atender al mayor número de usuarios y usuarias en
cada región, la dotación de equipos, incluyendo la adopción de nuevas tecnologías
para mejorar la atención (ej. Telemedicina), y la disponibilidad y permanencia de
personal calificado.

• La adopción de un enfoque diferencial y de género, que tenga en cuenta los
requerimientos en salud para las mujeres de acuerdo a su ciclo vital, incluyendo
medidas en materia de salud sexual y reproductiva, atención psicosocial y medidas
especiales para mujeres gestantes y los niños y niñas, en la prevención, promoción y
atención en salud.


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La creación de un modelo especial de salud pública para zonas rurales dispersas, con
énfasis en la prevención, que permita brindar atención en los hogares o en los lugares
de trabajo.

Un sistema de seguimiento y evaluación permanente para garantizar la calidad y
oportunidad de la atención.


1.3.2.2. Educación rural: con el propósito de brindar atención integral a la primera infancia,
garantizar la cobertura, la calidad y la pertinencia de la educación y erradicar el
analfabetismo en las áreas rurales, así como promover la permanencia productiva de
los y las jóvenes en el campo, y acercar las instituciones académicas regionales a la
construcción del desarrollo rural, el gobierno nacional creará e implementará el Plan
Especial de Educación Rural. Para el desarrollo del Plan se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:

• La cobertura universal con atención integral a la primera infancia.

• Modelos flexibles de educación preescolar, básica y media, que se adapten a las
necesidades de las comunidades y del medio rural, con un enfoque diferencial.

• La construcción, reconstrucción, mejoramiento y adecuación de la infraestructura
educativa rural, incluyendo la disponibilidad y permanencia de personal docente
calificado y el acceso a tecnologías de información.

• La garantía de la gratuidad educativa para educación preescolar, básica y media.

• El mejoramiento de las condiciones para el acceso y la permanencia en el sistema
educativo de niños, niñas y adolescentes a través de un acceso gratuito a útiles, textos,
alimentación escolar y transporte.

• La oferta de programas e infraestructura de recreación, cultura y deporte.

• La incorporación de la formación técnica agropecuaria en la educación media (décimo
y once).

• La disponibilidad de becas con créditos condonables para el acceso de hombres y
mujeres rurales más pobres a servicios de capacitación técnica, tecnológica y
universitaria que incluya, cuando sea pertinente, apoyos a la manutención.

• La promoción de la formación profesional de las mujeres en disciplinas no tradicionales
para ellas.

• La implementación de un programa especial para la eliminación del analfabetismo
rural.

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El fortalecimiento y la promoción de la investigación, la innovación y el desarrollo
científico y tecnológico para el sector agropecuario, en áreas como agroecología,
biotecnología, suelos, etc.

Incremento progresivo de los cupos técnicos, tecnológicos y universitarios en las zonas
rurales, con acceso equitativo para hombres y mujeres, incluyendo personas en
condición de discapacidad. Se tomarán medidas especiales para incentivar el acceso y
permanencia de las mujeres rurales.

Promover la ampliación de oferta y la capacitación técnica, tecnológica y universitaria
en áreas relacionadas con el desarrollo rural.





1.3.2.3. Vivienda y agua potable: con el propósito de garantizar condiciones de vida digna a
las personas que habitan en el campo, el Gobierno Nacional creará e implementará el
Plan nacional de construcción y mejoramiento de la vivienda social rural. Para el
desarrollo del Plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

• La aplicación de soluciones de vivienda adecuadas, de acuerdo con las particularidades
del medio rural y de las comunidades, con enfoque diferencial y de género.

• La promoción y aplicación de soluciones tecnológicas apropiadas (acueductos
veredales y soluciones individuales) para garantizar el acceso al agua potable y el
manejo de aguas residuales.

• El otorgamiento de subsidios para la construcción y para el mejoramiento de vivienda,
que prioricen a la población en pobreza extrema, las víctimas, los beneficiarios y las
beneficiarias del Plan de distribución de tierras y a la mujer cabeza de familia. Los
montos del subsidio no reembolsable, que podrán cubrir hasta la totalidad de la
solución de vivienda, se fijarán atendiendo los requerimientos y costos de construcción
en cada región, con el fin de garantizar condiciones de vivienda digna.

• La participación activa de las comunidades —hombres y mujeres— en la definición de
las soluciones de vivienda y la ejecución de los proyectos.

• La asistencia técnica y la promoción de las capacidades organizativas de las
comunidades para garantizar el mantenimiento, la operación y la sostenibilidad de las
soluciones de acceso al agua y manejo de aguas residuales.

• Promover prácticas adecuadas para el uso del agua potable.
1.3.3. Estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia
Técnica. Subsidios. Crédito. Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral.

1.3.3.1. Estímulos a la economía solidaria y cooperativa: con el propósito de estimular
diferentes formas asociativas de trabajo de o entre pequeños y medianos productores
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y productoras, basadas en la solidaridad y la cooperación, y que promuevan la equidad
de género, la autonomía económica y la capacidad organizativa en especial de las
mujeres rurales, y fortalezcan la capacidad de los pequeños productores y productoras
de acceder a bienes y servicios, comercializar sus productos y en general mejorar sus
condiciones de vida, de trabajo y de producción, el Gobierno Nacional creará e
implementará el Plan nacional de fomento a la economía solidaria y cooperativa rural.
Para el desarrollo del Plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios:








El acompañamiento, apoyo técnico y financiero a las comunidades rurales —hombres
y mujeres— en la creación y fortalecimiento de cooperativas, asociaciones y
organizaciones solidarias y comunitarias, especialmente aquellas vinculadas con la
producción y el abastecimiento alimentario, en particular la producción orgánica y
agroecológica, y las organizaciones de mujeres.
El fortalecimiento de las capacidades productivas y de las condiciones de acceso a los
instrumentos de desarrollo rural (medios de producción, asistencia técnica, formación
y capacitación, crédito y comercialización, entre otros).
Estimular la economía solidaria y cooperativa como medio para canalizar recursos y
servicios a la población rural.


El apoyo con medidas diferenciales a las organizaciones comunitarias y asociaciones
para contribuir a la gestión de proyectos de infraestructura y equipamiento (vías,
vivienda, salud, educación, agua y saneamiento básico, riego y drenaje).

1.3.3.2. Asistencia técnica: con el propósito de fortalecer las capacidades productivas de la
economía campesina, familiar y comunitaria para desarrollar sus proyectos
productivos y estimular procesos de innovación tecnológica, el Gobierno Nacional
diseñará e implementará un Plan nacional de asistencia integral técnica, tecnológica y
de impulso a la investigación. Para el desarrollo del Plan se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:

• La garantía de la provisión del servicio de asistencia integral, técnica y tecnológica
(avances en los aspectos técnico-productivos, organizativos y sociales, de gestión,
administración, informática, finanzas, mercadeo y capacitación) a la producción de la
economía campesina, familiar y comunitaria, de manera descentralizada. La asistencia
integral técnica y tecnológica es un servicio público gratuito para los beneficiarios y
beneficiarias del Fondo de Tierras y para los pequeños productores y productoras,
priorizando a mujeres cabeza de familia, y contará con un subsidio progresivo para los
medianos productores y productoras.

• La regulación y supervisión de la calidad del servicio de asistencia técnica y tecnológica,
incluyendo un sistema de seguimiento y evaluación participativo y comunitario, que
tenga en cuenta la participación de las mujeres.



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La vinculación de la asistencia técnica y tecnológica con los resultados de procesos de
investigación e innovación agropecuaria, incluyendo el uso de las tecnologías de la
comunicación y la información.

La promoción y protección de las semillas nativas y los bancos de semillas para que las
comunidades —hombres y mujeres— puedan acceder al material de siembra óptimo
y, de manera participativa, contribuyan a su mejoramiento, incorporando sus
conocimientos propios. Además, la estricta regulación socio-ambiental y sanitaria de
los transgénicos, propiciando el bien común. Lo anterior en el marco de la obligación
inquebrantable del Estado de tomar las medidas y usar las herramientas necesarias
para salvaguardar el patrimonio genético y la biodiversidad como recursos soberanos
de la nación.


1.3.3.3. Subsidios, generación de ingresos y crédito: además de los subsidios que el Gobierno
Nacional otorgará a la economía campesina, familiar y comunitaria, mediante los
planes y programas de distribución de tierras, asistencia técnica, vivienda,
infraestructura y, en general, de todos los bienes y servicios sociales que constituyen
el acceso integral, el Gobierno Nacional diseñará e implementará un Plan para apoyar
y consolidar la generación de ingresos de la economía campesina, familiar y
comunitaria, y de los medianos productores y productoras con menores ingresos, que
cuente con una perspectiva de género que permita a las mujeres superar barreras de
acceso al financiamiento. Para el desarrollo del Plan se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:

• La provisión de recursos de capital semilla no reembolsables que permitan el arranque
exitoso de los proyectos productivos de los beneficiarios y beneficiarias de distribución
de tierras.

• La promoción de fondos agropecuarios rotatorios de las asociaciones de pequeños
productores y productoras y de los medianos productores y productoras con menores
ingresos.

• La adopción de un sistema de garantías que facilite el acceso de la economía
campesina, familiar y comunitaria al crédito agropecuario.

• A la luz de lo acordado en el punto 1.1.6 sobre inembargabilidad e inalienabilidad, la
provisión de líneas de crédito blandas, ágiles, oportunas y subsidiadas para la
economía campesina, familiar y comunitaria, y actividades complementarias, y con
subsidios progresivos para los medianos productores y productoras con menores
ingresos, orientados a apoyar el derecho a la alimentación, la reconversión productiva
y la generación de valor agregado. Las líneas de crédito subsidiadas para la compra de
tierra se otorgarán exclusivamente a los pequeños productores y productoras.

• La promoción de seguros de cosecha subsidiados para la producción agropecuaria de
la economía campesina, familiar y comunitaria en todas sus modalidades.

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El fomento de una cultura de manejo de todo tipo de riesgos.

Junto con los manuales de crédito subsidiado, se informará ampliamente y se
acompañará prioritariamente a los pequeños productores y productoras rurales en el
uso de los mecanismos de normalización de cartera, que les permita retomar la
producción de la economía campesina, familiar y comunitaria en sus predios para
proteger su subsistencia.


1.3.3.4. Mercadeo: con el fin de garantizar condiciones adecuadas para la comercialización de
los productos provenientes de la producción de la economía campesina, familiar y
comunitaria, y mejorar su disponibilidad como garantía del derecho a la alimentación,
el Gobierno Nacional creará e implementará el Plan nacional para la promoción de la
comercialización de la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria,
que cuente con una perspectiva de género que promueva el empoderamiento
económico de las mujeres rurales. Para el desarrollo del Plan se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:













La promoción de asociaciones solidarias, incluyendo las asociaciones de mujeres
rurales, para comercialización que provean información y logística, administren los
centros de acopio y promocionen los productos del campo, dando especial atención a
las áreas priorizadas, de manera que se minimice progresivamente la intermediación,
se reduzca el precio final al consumidor, se propicien relacionamientos directos entre
quienes producen y consumen ,y se creen condiciones para garantizar mejores
ingresos para los productores y productoras.

Financiación o cofinanciación de centros de acopio para la producción alimentaria de
la economía campesina, familiar y comunitaria que atiendan las particularidades y las
necesidades de la región así como la promoción de la administración de los centros de
acopio por parte de las comunidades organizadas.

La promoción en los centros urbanos de mercados para la producción de la economía
campesina, familiar y comunitaria.

La promoción de encadenamientos de la pequeña producción rural con otros modelos
de producción, que podrán ser verticales u horizontales y en diferente escala, en
función de la integración campo-ciudad, en beneficio de las comunidades —mujeres y
hombres— y para agregar valor a la producción.

El diseño e implementación progresiva de un mecanismo de compras públicas para
atender la demanda de las entidades y programas institucionales, que de manera
descentralizada, fomente la producción local para apoyar la comercialización y
absorción de la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria.

La implementación para los productores y las productoras, de un sistema de
información de precios regionales que se apoye en las tecnologías de la información y
las comunicaciones.
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1.3.3.5. Formalización laboral rural y protección social: el Gobierno Nacional fortalecerá al
máximo el sistema de protección y seguridad social de la población rural, con un
enfoque diferencial y de género. A la luz de las normas de la OIT de las que Colombia
es parte y con el propósito de garantizar el trabajo digno y los derechos de los
trabajadores y trabajadoras del campo, y su protección social (protección a la vejez,
maternidad y riesgos laborales), el Gobierno Nacional creará e implementará el Plan
progresivo de protección social y de garantía de derechos de los trabajadores y
trabajadoras rurales.

El Plan habrá de dignificar las condiciones laborales rurales, mediante la aplicación
plena, con la inspección del trabajo, de la normatividad sobre relaciones contractuales,
la regulación correspondiente sobre jornada, remuneración y subordinación,
considerando los desarrollos jurisprudenciales favorables a los trabajadores y
trabajadoras, las normas internacionales de la OIT aplicables, sobre el trabajo en
general y el trabajo rural en particular, que permitan garantizar de manera efectiva, y
en igualdad de condiciones para hombres y mujeres, el derecho fundamental al
trabajo. Para el desarrollo del Plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios:














Campañas para la erradicación del trabajo infantil y medidas inmediatas para la
erradicación de las peores formas de trabajo infantil.

La garantía de protección social, mediante un beneficio económico periódico para los
trabajadores y trabajadoras del campo en edad de jubilarse y de un subsidio de riesgos
laborales, proporcional a un ahorro individual acompañado de un subsidio por parte
del Estado.

La promoción y estímulo de procesos organizativos de los trabajadores y trabajadoras
del campo a través de formas asociativas basadas en la solidaridad y la cooperación,
de tal forma que se facilite el acceso a servicios del Estado orientados al bienestar de
los trabajadores y trabajadoras.

La promoción de la vinculación laboral de las personas en situación de discapacidad.

La promoción de la vinculación laboral de las mujeres en áreas productivas no
tradicionales.

La capacitación a los trabajadores y trabajadoras agrarios y a las empresas, en materia
de obligaciones y derechos laborales, y el fomento de la cultura de la formalización
laboral.

El fortalecimiento del sistema fijo de inspección laboral y la creación de un sistema
móvil de inspección en las áreas rurales que permita que los trabajadores y
trabajadoras puedan exigir debidamente sus derechos laborales y tramitar
adecuadamente conflictos de carácter laboral.

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Los planes y programas social y ambientalmente sostenibles que se desarrollarán en
las zonas rurales, se harán con el concurso de la mano de obra de las comunidades de
la zona —hombres y mujeres. Las condiciones laborales de estos programas se
adecuarán a la normativa internacional y nacional, y se regirán por los principios de
dignidad y equidad.

La extensión de programas para la protección eficaz del riesgo económico de la vejez
hacia la población rural de tercera edad en extrema pobreza que no está cubierta por
el sistema de seguridad social considerando las necesidades especiales de las mujeres
adultas mayores.

Promover esquemas de protección al embarazo, parto, lactancia y atención en salud
para el recién nacido, ampliando progresivamente en cobertura y calidad los sistemas
de salud y subsidio familiar, con enfoque especial en la mujer trabajadora del campo.


1.3.4. Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación: en desarrollo de la
obligación de garantizar de manera progresiva el derecho humano a la alimentación sana,
nutritiva y culturalmente apropiada, con el propósito de erradicar el hambre y en esa
medida fomentar la disponibilidad, el acceso y el consumo de alimentos de calidad
nutricional en cantidad suficiente, el Gobierno Nacional pondrá en marcha un sistema
especial para la garantía progresiva del derecho a la alimentación de la población rural.

La política alimentaria y nutricional en las zonas rurales se basa en el incremento progresivo
de la producción de alimentos, la generación de ingresos, y en general la creación de
condiciones de bienestar mediante los planes nacionales de acceso a tierras,
infraestructura, riego, vivienda y agua potable, asistencia técnica y capacitación, mercadeo,
crédito, la promoción de formas asociativas basadas en la solidaridad y la cooperación, y
demás planes establecidos en el presente acuerdo. Esta política reconoce el papel
fundamental de las mujeres rurales en la contribución a la satisfacción del derecho a la
alimentación.
Es necesario asegurar que todos los planes nacionales cumplan de manera transversal con
los objetivos de la política alimentaria y nutricional propuestos, mediante un sistema que
los articule en los territorios y que tomará en cuenta los siguientes criterios:





El desarrollo de planes departamentales y locales para la alimentación y nutrición
culturalmente apropiadas, con la participación activa de las comunidades, la sociedad, el
Gobierno Nacional y los gobiernos departamentales y municipales, para articular en el
territorio las medidas y establecer las metas.
El establecimiento de consejos departamentales y municipales de alimentación y nutrición,
con representación del Gobierno y amplia representación de la sociedad y las comunidades
—hombres y mujeres—, con el fin de proponer y participar en la definición de los
lineamientos para el diseño y puesta en marcha de las políticas alimentarias y nutricionales
a través de los planes departamentales y locales, movilizar recursos de la región,
monitorear el riesgo y hacer seguimiento al cumplimiento de las metas.


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El establecimiento de un Consejo nacional de alimentación y nutrición integrado por
autoridades nacionales, departamentales y municipales y representantes elegidos y
elegidas en el marco de los consejos departamentales y municipales, que proponga y
participe en la definición de los lineamientos de la política alimentaria, coordine los planes
departamentales y locales, informe y monitoree el riesgo, y haga seguimiento nacional a las
metas.
El desarrollo de programas contra el hambre y la desnutrición con cobertura nacional,
especialmente para la población rural en condiciones de miseria, las mujeres gestantes y
lactantes, niños y niñas, y para la tercera edad. Estos programas incluirán planes de choque
para la población rural más vulnerable y en pobreza extrema.

La adopción de esquemas de apoyo para fortalecer, desarrollar y afianzar la producción y
el mercado interno, que incluyan asistencia técnica-científica, orientados a promover la
cualificación de la economía campesina, familiar y comunitaria, ambiental y socialmente
sostenible, que contribuyan a su autosuficiencia y al autoconsumo.
La promoción de mercados locales y regionales que acerquen a quienes producen y
consumen y mejoren las condiciones de acceso y disponibilidad de alimentos en las áreas
rurales del país.
La realización de campañas orientadas a promover la producción y el consumo de alimentos
con un alto contenido nutricional, el manejo adecuado de los alimentos y la adopción de
buenos hábitos alimenticios, que tenga en cuenta las características del territorio y fomente
la producción y el consumo de alimentos nacionales.
Adicionalmente, la provisión de condiciones e incentivos a la producción y a la
comercialización, incluyendo, cuando sean necesarios, apoyos directos para el
fortalecimiento productivo, con el fin de que en la economía campesina, familiar y
comunitaria se eviten o minimicen los impactos negativos que supongan la
internacionalización de la economía y la liberalización del comercio.










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2. Participación política: Apertura democrática para construir la paz

El Gobierno Nacional y las FARC-EP consideran que:

La construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación
democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y
la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo
y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas
garantías para la participación y la inclusión política. Es importante ampliar y cualificar la democracia como
condición para lograr bases sólidas para forjar la paz.

La construcción de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de
todas las personas sin distinción y, por eso, es necesario concitar la participación y decisión de toda la
sociedad colombiana en la construcción de tal propósito, que es derecho y deber de obligatorio
cumplimiento, como base para encauzar a Colombia por el camino de la paz con justicia social y de la
reconciliación, atendiendo el clamor de la población por la paz. Esto incluye el fortalecimiento de las
organizaciones y movimientos sociales, y el robustecimiento de los espacios de participación para que ese
ejercicio de participación ciudadana tenga incidencia y sea efectivo, y para que vigorice y complemente la
democracia.

Tomando en consideración que las mujeres enfrentan mayores barreras sociales e institucionales para el
ejercicio de la participación política como consecuencia de profundas discriminaciones y desigualdades,
de condiciones estructurales de exclusión, subordinación y discriminación de género, lo que genera
mayores retos para garantizar su derecho a la participación, enfrentar y transformar estas condiciones
históricas implica desarrollar medidas afirmativas que garanticen la participación de las mujeres en los
diferentes espacios de representación política y social. Para esto es necesario que se reconozca la
situación y condición de las mujeres en sus contextos y particularidades.

La firma e implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia
en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción
política para todas y todos los colombianos a fin de transitar a un escenario en el que impere la
democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera abrirá nuevos
espacios para la participación.
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Para consolidar la paz, es necesario garantizar el pluralismo facilitando la constitución de nuevos partidos
y movimientos políticos que contribuyan al debate y al proceso democrático, y tengan suficientes
garantías para el ejercicio de la oposición y ser verdaderas alternativas de poder. La democracia requiere,
en un escenario de fin del conflicto, un fortalecimiento de las garantías de participación política.

Para la consolidación de la paz se requiere así mismo la promoción de la convivencia, la tolerancia y no
estigmatización, que aseguren unas condiciones de respeto a los valores democráticos y, por esa vía, se
promueva el respeto por quienes ejercen la oposición política.

Esas garantías suponen, por una parte, una distribución más equitativa de los recursos públicos destinados
a los partidos y movimientos políticos y una mayor transparencia del proceso electoral, que requiere de
una serie de medidas inmediatas especialmente en las regiones donde aún persisten riesgos y amenazas,
así como de una revisión integral del régimen electoral y de la conformación y las funciones de las
autoridades electorales. Y por otra parte, el establecimiento de unas mayores garantías para el ejercicio
de la oposición política.

La revisión y modernización de la organización y del régimen electoral debe propiciar una mayor
participación de la ciudadanía en el proceso electoral. Una mayor participación electoral requiere
adicionalmente de medidas incluyentes que faciliten el ejercicio de ese derecho, en especial en zonas
apartadas o afectadas por el conflicto y el abandono, teniendo en cuenta las dificultades específicas de
las mujeres que habitan dichas zonas para el ejercicio de este derecho.

La construcción de la paz requiere además de la movilización y participación ciudadana en los asuntos de
interés público, y en particular en la implementación del presente Acuerdo. Eso supone, por una parte, el
fortalecimiento de las garantías y las capacidades para que los ciudadanos y ciudadanas, asociados en
diferentes organizaciones y movimientos sociales y políticos, desarrollen sus actividades y de esa manera
contribuyan a la expresión de los intereses de una sociedad pluralista y multicultural por diferentes
medios, incluyendo la protesta social.

Para fortalecer la participación ciudadana de las mujeres es necesario valorar sus agendas sociales y
reconocer su aporte como sujetos políticos en la vida pública, en especial cuando se trata de la promoción
y defensa de sus derechos.

Por otra parte que se asegure que la participación ciudadana, en la discusión de los planes de desarrollo,
de las políticas públicas y en general de los asuntos que atañen a la comunidad, incida efectivamente en
las decisiones de las autoridades y corporaciones públicas correspondientes. De esa manera la
participación ciudadana se convierte en un verdadero complemento y al mismo tiempo en un mecanismo
de control del sistema de representación política y de la administración pública.

La promoción tanto del pluralismo político como de las organizaciones y movimientos sociales, incluyendo
las de mujeres, de jóvenes y de población LGTBI y, en general, del debate democrático, requiere de nuevos
espacios de difusión para que los partidos, organizaciones y las comunidades que participan en la
construcción de la paz, tengan acceso a espacios en canales y emisoras en los niveles nacional, regional y
local.

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Adicionalmente, la construcción de la paz requiere que los territorios más afectados por el conflicto y el
abandono, en una fase de transición, tengan una mayor representación en el Congreso de la República
para asegurar la inclusión política de esos territorios y sus poblaciones, así como la representación de sus
intereses.

De igual manera, es necesario crear las condiciones y dar las garantías para que las organizaciones alzadas
en armas se transformen en partidos o movimientos políticos, que participen activamente en la
conformación, ejercicio y control del poder político, para que sus propuestas y sus proyectos puedan
constituirse en alternativa de poder.

Para cumplir con todo lo anterior, se harán las revisiones y los ajustes institucionales necesarios que
conduzcan a una plena participación política y ciudadana de todos los sectores políticos y sociales, y de
esa manera, hacer frente a los retos de la construcción de la paz.

2.1. Derechos y garantías plenas para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular para
los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de
comunicación.

2.1.1. Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general

El ejercicio de la política no se limita exclusivamente a la participación en el sistema político y electoral,
razón por la cual la generación de espacios para la democracia y el pluralismo en Colombia requiere del
reconocimiento tanto de la oposición que ejercen los partidos y movimientos políticos, como de las
formas de acción de las organizaciones y los movimientos sociales y populares que pueden llegar a ejercer
formas de oposición a políticas del gobierno nacional y de las autoridades departamentales y municipales.

En esa medida, la definición de las garantías para la oposición requiere distinguir entre la oposición política
ejercida dentro del sistema político y de representación, y las actividades ejercidas por organizaciones o
movimientos sociales y populares que pueden llegar a ejercer formas de oposición a políticas del Gobierno
Nacional y de las autoridades departamentales y municipales.

Para los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición las garantías estarán consignadas
en un estatuto para su ejercicio, mientras que para las organizaciones y movimientos sociales y populares
antes mencionados es necesario, no sólo garantizar el pleno ejercicio de derechos y libertades, incluyendo
el de hacer oposición, sino también promover y facilitar los espacios para que tramiten sus demandas.

2.1.1.1. Estatuto de garantías para el ejercicio de la oposición política

El ejercicio de la oposición política es pieza fundamental para la construcción de una democracia amplia,
la paz con justicia social y la reconciliación nacional, aún más luego de la firma de un Acuerdo Final que
abrirá espacios para que surjan nuevos partidos y movimientos políticos que requerirán garantías plenas
para el ejercicio de la política.

Tras la firma del Acuerdo Final, los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, serán
convocados en una Comisión para definir los lineamientos del estatuto de garantías para los partidos y
movimientos políticos que se declaren en oposición. Adicionalmente, se convocarán a la Comisión las
siguientes agrupaciones políticas representativas de oposición: Marcha Patriótica y Congreso de los
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Pueblos, así como a dos expertos delegados por las FARC-EP. La Comisión abrirá espacios o mecanismos
para recibir insumos y propuestas de otras agrupaciones políticas que deseen participar en la discusión.
Se velará porque partidos, movimientos y otras agrupaciones que sean convocados cuenten con la
participación de las mujeres. La Comisión a través de un evento facilitará la participación de voceros y
voceras de las organizaciones y movimientos sociales más representativos, personas expertas y de la
academia, entre otras. Sobre la base de estos lineamientos el Gobierno Nacional elaborará un proyecto
de ley con el acompañamiento de delegados y delegadas de la Comisión de partidos y movimientos
políticos, que deberá presentarse para su trámite en el Congreso máximo dentro de los 3 meses siguientes
a la entrega de las recomendaciones por parte de la Comisión.

2.1.2. Garantías de seguridad para el ejercicio de la política
Como parte de una concepción moderna, cualitativamente nueva, de la seguridad que, en el marco del
fin del conflicto, se funda en el respeto de la dignidad humana, en la promoción y respeto de los derechos
humanos y en la defensa de los valores democráticos, en particular en la protección de los derechos y
libertades de quienes ejercen la política, especialmente de quienes luego de la terminación de la
confrontación armada se transformen en opositoras y opositores políticos y que por tanto deben ser
reconocidos y tratados como tales, el Gobierno Nacional establecerá un nuevo Sistema Integral de
Seguridad para el Ejercicio de la Política.
En un escenario de fin del conflicto se deben establecer las máximas garantías posibles para el ejercicio
de la política y así encauzar por los canales de la democracia la resolución de las diferencias y los conflictos,
contribuyendo de manera decisiva a la creación de un clima de convivencia y reconciliación.
El Sistema Integral de Seguridad se concibe en un marco de garantías de los derechos y libertades y busca
asegurar la promoción y protección de la persona, el respeto por la vida y la libertad de pensamiento y
opinión, para así fortalecer y profundizar la democracia.
Este nuevo Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política debe contribuir a crear y garantizar
una cultura de convivencia, tolerancia y solidaridad, que dignifique el ejercicio de la política y brinde
garantías para prevenir cualquier forma de estigmatización y persecución de dirigentes por motivo de sus
actividades políticas, de libre opinión o de oposición. Se adoptarán previsiones para impedir que se
fomenten concepciones de seguridad que, bajo cualquier excusa, vayan en contra de los objetivos del
sistema que son la protección de la vida de quienes ejercen la política y su no estigmatización por razón
de sus ideas y actividades políticas. El nuevo Sistema incorporará medidas especiales para las mujeres
incluyendo la valoración positiva de su participación en lo público.
El nuevo Sistema Integral fomentará dentro de las instituciones del Estado, de los partidos y movimientos
políticos, de las organizaciones y movimientos sociales y las comunidades en general, la promoción de
una cultura de respeto por la diferencia y el interés por la prevención de la violencia contra quienes
ejercen la política.
El Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política contará con un robusto mecanismo de
control interno que garantice la idoneidad de los funcionarios y las funcionarias y permita prevenir y, de
ser el caso, sancionar cualquier conducta en contra de los derechos de las personas que está llamado a
proteger.

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El Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política estará estructurado en consonancia con
una concepción de la seguridad que tiene como centro la persona, se basa en los principios de soberanía,
no intervención y libre determinación de los pueblos, y que permite articular las medidas de seguridad
con las medidas de desarrollo y bienestar individuales y colectivas contempladas en el presente acuerdo,
y que adopta un enfoque diferencial y de género.
Adicionalmente, el Gobierno fortalecerá, concentrará y desplegará su máxima capacidad institucional
para prevenir, desarticular y neutralizar, con un enfoque multidimensional, cualquier posible fuente de
violencia contra quienes ejercen la política, y tomará todas las medidas necesarias para asegurar que no
resurjan grupos de tipo paramilitar (ver punto 3.4).
2.1.2.1. Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política
Bajo los preceptos anteriormente expresados, el Gobierno Nacional pondrá en marcha un Sistema Integral
de Seguridad para el Ejercicio de la Política, entendiendo la seguridad como valor democrático y bajo la
perspectiva del humanismo, que debe inspirar la actuación del Estado. El Sistema debe servir de garantía
efectiva de los derechos y libertades de quienes están ejerciendo la política en el marco de reglas
democráticas.
El sistema tendrá los siguientes elementos:
a. Adecuación normativa e institucional:

• Creación de una instancia de alto nivel que:
o Ponga en marcha un Sistema de Seguridad para el Ejercicio de la Política y que
garantice la articulación, funcionamiento y supervisión del mismo.
o Esta instancia dependerá de la Presidencia de la República y establecerá mecanismos
de interlocución permanente con los partidos y movimiento políticos, especialmente
los que ejercen la oposición, y el nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARCEP a la actividad política legal. Los mecanismos incluirán, entre otros, un sistema de
planeación, información y monitoreo, y una comisión de seguimiento y evaluación. La
instancia procurará la interlocución efectiva con las mujeres. (ver literal d).
o Esta instancia supervisará el funcionamiento del sistema y servirá como eje articulador
con otras instituciones del Estado como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la
Procuraduría.

• Revisión del marco normativo para elevar el costo de los delitos contra quienes ejercen la
política.
• Fortalecimiento de las capacidades investigativas y de judicialización para procesar a quienes
atenten contra quienes ejercen la política. Se adelantará un proceso de especialización en la
etapa de investigación y acusación para elevar las capacidades institucionales para combatir
la impunidad.

b. Prevención:

• Sistema de Alertas Tempranas:
o El sistema debe tener enfoque territorial, diferencial y de género.
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El Estado dispondrá de la financiación suficiente para el funcionamiento adecuado e
integral de este Sistema de Alertas Tempranas.
• Despliegue preventivo de seguridad:
o Concepto de control territorial integral que incluya la vinculación de los ciudadanos y
las ciudadanas en las regiones para coadyuvar en la protección de quienes ejercen la
actividad política, en el marco del proceso de construcción de la paz.
• Sistema de coordinación incluyente y auditable

c. Protección:
• Programa de protección especializada para las personas integrantes del nuevo movimiento
político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal que sea concertado
entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional.
• Protección especializada, sobre la base de una evaluación de riesgo, para las siguientes
personas: quienes hayan sido elegidas popularmente, quienes se declaren en oposición
política, y líderes y lideresas de partidos y movimientos políticos, con enfoque diferencial, de
género y con presencia nacional y regional. Para efectos de su participación en política, la
evaluación tendrá en consideración los riesgos específicos que enfrentan las mujeres y las
personas con orientación sexual diversa.
• La evaluación de riesgos será definida con presteza y estará a cargo de una instancia dentro
del Sistema que proveerá los insumos para que el Gobierno tome las medidas pertinentes. La
instancia tendrá capacidades a nivel regional y local y contará con representación del nuevo
movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, con el
cual se coordinarán las decisiones y las acciones.
• El Gobierno dispondrá de los recursos necesarios para proteger la integridad de dirigentes,
hombres y mujeres, que participan en la actividad política atendiendo sus necesidades
específicas.

d. Evaluación y seguimiento:

• Se creará un sistema de planeación, información y monitoreo, con carácter interinstitucional
y representación de los partidos y movimientos políticos, que permita realizar una evaluación
de desempeño y de resultados, y a la vez ajustar la estrategia y procedimientos para
garantizar las condiciones de seguridad en el ejercicio de la política. Este sistema incluirá
información específica sobre los riesgos y amenazas contra la participación y la
representación política, social y comunitaria de las mujeres. Dicho sistema tendrá
acompañamiento permanente de organizaciones humanitarias de tipo internacional que se
acuerden con los nuevos partidos o movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo
Final y todos los demás partidos y movimientos políticos que quieran participar.
• Rendición de cuentas a través de informes públicos por parte de la instancia de alto nivel.
• Se creará una comisión de seguimiento y evaluación del desempeño del sistema integral de
protección y de los avances en el desmantelamiento de organizaciones criminales y de todas
aquellas que amenacen el ejercicio de la política. La comisión contará con representación de
partidos y movimientos políticos.
• Se creará y pondrá en marcha un comité de impulso a las investigaciones por delitos contra
quienes ejercen la política y aquellos que atenten especialmente contra la oposición.

o

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2.1.2.2. Garantías de seguridad para líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y
defensores y defensoras de derechos humanos

a. Adecuación normativa e institucional:

• Revisión del marco normativo para elevar el costo de los delitos contra líderes y lideresas de
organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras de derechos humanos.
• Fortalecimiento de las capacidades investigativas y de judicialización contra quienes atenten
contra líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras de
derechos humanos.
• Garantías para la movilización y la protesta social, incluyendo la revisión del marco normativo.

b. Prevención:

• Sistema de Alertas Tempranas.
• Despliegue preventivo de seguridad.
• Sistema de coordinación.
• Visibilizar la labor que realizan líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y
defensores y defensoras de derechos humanos.

c. Protección:

• Fortalecer el programa de protección individual y colectiva de líderes y lideresas de organizaciones
y movimientos sociales y defensores y defensoras de derechos humanos que se encuentren en
situación de riesgo. El programa de protección individual y colectiva tendrá enfoque diferencial y
de género.

d. Evaluación y seguimiento:

• Un sistema de información y monitoreo con carácter interinstitucional que permita realizar una
evaluación de desempeño y de resultados, ajustando la estrategia y procedimientos para
garantizar las condiciones de seguridad a líderes y lideresas de organizaciones y movimientos
sociales y defensores y defensoras de derechos humanos. El sistema deberá contar con
información desagregada por sexo.
• Rendición de cuentas a través de informes públicos, una comisión de seguimiento y una auditoría
especial.
• Un comité de impulso a las investigaciones por delitos contra líderes y lideresas de organizaciones
y movimientos sociales y defensores y defensoras de derechos humanos.

2.2. Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los
diferentes niveles y diversos temas

2.2.1 Garantías para los movimientos y organizaciones sociales

En atención al derecho de todas las personas a constituir organizaciones sociales del más variado tipo; a
formar parte de ellas y a difundir sus plataformas; a la libertad de expresión y al disenso; al pluralismo y
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la tolerancia; a la acción política o social a través de la protesta y la movilización; y teniendo en cuenta la
necesidad de una cultura política para la resolución pacífica de los conflictos y la obligación del Estado de
garantizar el diálogo deliberante y público, se adoptarán medidas para garantizar el reconocimiento,
fortalecimiento y empoderamiento de todos los movimientos y organizaciones sociales, de acuerdo con
sus repertorios y sus plataformas de acción social.

El Gobierno garantizará los derechos políticos de los ciudadanos y ciudadanas que como actores políticos
se encuentren organizados como movimientos y organizaciones sociales.

La participación ciudadana en los asuntos de interés público, mediante la conformación y el
fortalecimiento de diferentes organizaciones y movimientos, es un pilar fundamental de la construcción
y el buen funcionamiento de la democracia.

Una sociedad democrática y organizada es una condición necesaria para la construcción de una paz
estable y duradera, en particular en el marco de la implementación del presente Acuerdo. Por ello, resulta
importante adoptar acciones para fortalecer las organizaciones y movimientos sociales y, en especial,
brindar garantías para su participación e interlocución con las autoridades, respetando el enfoque
diferencial y de género, sin detrimento del carácter universal que deben tener esas garantías. Además,
bajo el entendido de que una sociedad en la que las mujeres participan activamente es una sociedad más
democrática, es importante el fortalecimiento de sus organizaciones y potenciación de su protagonismo
al interior de las organizaciones y movimientos sociales.

Todas las organizaciones y movimientos sociales, incluidos los que surjan tras la firma del presente
Acuerdo, están llamados a ejercer los derechos y cumplir con los deberes de participación ciudadana
contemplados en el mismo.

Con estos propósitos, el Gobierno Nacional elaborará un proyecto de ley de garantías y promoción de la
participación ciudadana y de otras actividades que puedan realizar las organizaciones y movimientos
sociales, sobre la base de los siguientes lineamientos que serán discutidos en un espacio de carácter
nacional, que contará con la participación de voceros y voceras de las organizaciones y movimientos
sociales más representativos:

• Garantizar el derecho al acceso oportuno y libre a la información oficial en el marco de la
Constitución y la ley, con los ajustes legales que puedan ser necesarios para la implementación
de los acuerdos.
• Reglamentación del derecho de réplica y rectificación, en cabeza de las organizaciones y
movimientos sociales más representativos, frente a declaraciones falsas o agraviantes por parte
del Gobierno Nacional.
• Realizar conjuntamente con las organizaciones y movimientos sociales una caracterización y
registro de organizaciones sociales, formales y no formales, que se actualice periódicamente para
identificar, sin detrimento de su naturaleza y su autonomía, sus capacidades y necesidades, y la
existencia de redes y alianzas como base para el desarrollo de la política pública o para la
modificación de la misma.
• Apoyar, mediante asistencia legal y técnica, la creación y el fortalecimiento de las organizaciones
y movimientos sociales, incluyendo las organizaciones de mujeres, de jóvenes y de población
LGBTI. Sin perjuicio del principio de igualdad, se apoyará con medidas extraordinarias a las
organizaciones de mujeres y los más vulnerables.
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Por solicitud de las organizaciones y movimientos sociales, agilizar la sistematización e
intercambio de experiencias exitosas de fortalecimiento de los mismos, y formarlos y capacitarlos
para el desarrollo de sus objetivos misionales, con el apoyo de otras organizaciones y movimientos
de similar naturaleza, cuando haya lugar.
• Fortalecer los mecanismos de financiación de iniciativas y proyectos propios de las organizaciones
sociales, mediante concursos públicos y transparentes con veeduría ciudadana.
• Promover la creación de redes de organizaciones y movimientos sociales, incluyendo aquellas de
mujeres, de jóvenes y de población LGBTI que hagan visibles los liderazgos y garanticen su
capacidad de plena interlocución con los poderes públicos.
• Acceso a mecanismos de difusión para hacer visible la labor y la opinión de las organizaciones, y
movimientos sociales, que incluyan espacios en los canales y emisoras de interés público.
• En las instancias de participación ciudadana se ampliará y garantizará la representatividad, con
equidad de género, de las organizaciones y los movimientos sociales, el control ciudadano y la
interlocución con las autoridades locales, municipales, departamentales y nacionales.
• Diseñar metodologías que contribuyan a la efectividad e incidencia de las instancias de
participación e interlocución, incluyendo las que se establezcan de acuerdo con su propia
naturaleza (formal o informal) y especificidad. Dichas metodologías en especial asegurarán
mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas de los acuerdos que surjan de los escenarios
de participación con las organizaciones y movimientos sociales.
• Poner en marcha instancias de seguimiento y verificación del cumplimiento por parte de las
autoridades de las obligaciones, compromisos y garantías, en cuanto al establecimiento,
funcionamiento y eficacia de los espacios de participación ciudadana y, en particular, de los de
interlocución con las organizaciones y movimientos sociales.
• Crear una herramienta que permita valorar, hacer visible e incentivar la gestión de las autoridades
públicas, con respecto a la participación de las organizaciones y movimientos sociales.
• Se garantizará el intercambio de experiencias exitosas de participación ciudadana entre las
organizaciones sociales y las autoridades locales y regionales, de acuerdo con las particularidades
de los diversos territorios.
• Promover la construcción de agendas de trabajo locales, municipales, departamentales y
nacionales, según el caso, que permitan la atención temprana de las peticiones y propuestas de
los diferentes sectores que se realicen a través de las organizaciones y movimientos sociales.
• Las autoridades locales deberán atender de manera oportuna las peticiones y propuestas, y
canalizarlas según su competencia, con el fin de que sean atendidas de manera pronta y eficaz.

El Gobierno Nacional considerará y evaluará la viabilidad de propuestas de garantías adicionales que
surjan en el marco de ese espacio de participación de carácter nacional, en una Comisión de Diálogo con
voceros y voceras de las organizaciones y movimientos sociales más representativos, escogidos a través
de un mecanismo definido por los organizadores y organizadoras. El mecanismo deberá ser participativo
y garantizar una representación pluralista y equilibrada en la Comisión.

El Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos acordado solicitar al Consejo Nacional de Participación con el
apoyo de Foro por Colombia, Viva la Ciudadanía y el CINEP que organice el espacio de participación de
carácter nacional de que trata el punto 2.2.1.

Tras la firma del Acuerdo Final en el marco de la Comisión de Seguimiento de que trata el punto 6, el
Gobierno Nacional y las FARC-EP acordarán criterios y lineamientos para el desarrollo de ese espacio de


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participación de carácter nacional, con el fin de garantizar una representación pluralista y equilibrada,
sobre la base de las recomendaciones hechas por Foro por Colombia, Viva la Ciudadanía y el CINEP.

El espacio de carácter nacional se convocará y realizará dentro de los 60 días siguientes a la firma del
Acuerdo Final. En desarrollo de lo establecido en el punto 2.2.1., dentro de los 60 días siguientes a que la
Comisión de Diálogo haya concluido su trabajo, el Gobierno sobre la base de las conclusiones que surjan
del espacio de carácter nacional presentará el proyecto de ley de garantías y promoción de la participación
ciudadana y de otras actividades que puedan realizar las organizaciones y movimientos sociales. En el
acuerdo que defina la hoja de ruta o cronograma se incluirá este compromiso.
2.2.2. Garantías para la movilización y la protesta

La movilización y la protesta, como formas de acción política, son ejercicios legítimos del derecho a la
reunión, a la libre circulación, a la libre expresión, a la libertad de conciencia y a la oposición en una
democracia. Su práctica enriquece la inclusión política y forja una ciudadanía crítica, dispuesta al diálogo
social y a la construcción colectiva de Nación. Más aún, en un escenario de fin del conflicto se deben
garantizar diferentes espacios para canalizar las demandas ciudadanas, incluyendo garantías plenas para
la movilización, la protesta y la convivencia pacífica. Junto con la movilización y la protesta se deberán
garantizar los derechos de los y las manifestantes y de los demás ciudadanos y ciudadanas.

Los procesos de democratización política y social, apuntalados en la mayor participación social y popular,
tenderán a la transformación estructural de la cultura política y promoverán la recuperación del valor de
la política.

Con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de estos derechos, el Gobierno definirá las medidas y
ajustes normativos necesarios con base en los criterios que abajo se enuncian, y los demás que se
acuerden en el marco de una comisión especial, análoga en sus funciones a la dispuesta en el 2.2.1., que
contará además con la participación de voceros y voceras de la Comisión de Diálogo y representantes de
otros sectores interesados. En el marco de la comisión especial se discutirán los insumos que provengan
del espacio de participación nacional del que se trata en el punto anterior y los que propongan los otros
sectores:

• Garantías plenas para la movilización y la protesta como parte del derecho constitucional a la libre
expresión, a la reunión y a la oposición, privilegiando el diálogo y la civilidad en el tratamiento de
este tipo de actividades.
• Garantías a los derechos de los y las manifestantes y de los demás ciudadanos y ciudadanas.
• Garantías necesarias para el ejercicio de la libertad de información durante la movilización y la
protesta.
• Revisión y, de ser necesaria, modificación de las normas que se aplican a la movilización y la
protesta social.
• Garantías para la aplicación y el respeto de los derechos humanos en general. Los disturbios se
tratarán con civilidad.
• Fortalecimiento de la vigilancia y el control a la acción y los medios utilizados por las autoridades
para el tratamiento de este tipo de actividades.
• Garantías para el diálogo como respuesta estatal a la movilización y la protesta, mediante el
establecimiento de mecanismos de interlocución y espacios de participación y, cuando sea
necesario, de búsqueda de acuerdos, dándole a la movilización y a la protesta un tratamiento
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democrático; y mecanismos de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos. Se atenderá
siempre a que las decisiones sean para el bien común.
• Acompañamiento del Ministerio Público en las movilizaciones y protestas como garante del
respeto de las libertades democráticas, cuando sea pertinente o a solicitud de quienes protestan
o de quienes se vean afectados o afectadas.

El Gobierno en el marco de la Política pública de fortalecimiento, promoción y garantías de la participación
de las organizaciones y movimientos sociales fortalecerá y ampliará las instancias de participación
ciudadana para la interlocución y la construcción de agendas de trabajo locales, municipales,
departamentales y nacionales, según el caso, que permitan la atención temprana de las peticiones y
propuestas de los diferentes sectores y organizaciones sociales.


2.2.3. Participación ciudadana a través de medios de comunicación comunitarios, institucionales y
regionales

Los medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales, deben contribuir a la participación
ciudadana y en especial a promover valores cívicos, el reconocimiento de las diferentes identidades
étnicas y culturales, la igualdad de género, la inclusión política3 y social, la integración nacional y en
general el fortalecimiento de la democracia. La participación ciudadana en los medios comunitarios
contribuye además a la construcción de una cultura democrática basada en los principios de libertad,
dignidad y pertenencia, y a fortalecer las comunidades con lazos de vecindad o colaboración mutuos.

Adicionalmente, en un escenario de fin del conflicto, los medios de comunicación comunitarios,
institucionales y regionales, contribuirán al desarrollo y promoción de una cultura de participación,
igualdad y no discriminación, convivencia pacífica, paz con justicia social y reconciliación, incorporando
en sus contenidos valores no sexistas y de respeto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.

Para avanzar en el logro de estos fines, el Gobierno Nacional se compromete a:

• Abrir nuevas convocatorias para la adjudicación de radio comunitaria, con énfasis en las zonas
más afectadas por el conflicto, y así promover la democratización de la información y del uso del
espectro electromagnético disponible.
• Promover la capacitación técnica de los trabajadores y las trabajadoras de los medios
comunitarios, y la formación y capacitación de comunicadoras y comunicadores comunitarios y
de operadores y operadoras de medios de comunicación, mediante procesos que busquen
dignificar la libre expresión y opinión.
• Abrir espacios en las emisoras y canales institucionales y regionales destinados a la divulgación
del trabajo de las organizaciones y movimientos sociales, incluyendo los de mujeres, y de las
comunidades en general, así como de contenidos relacionados con los derechos de poblaciones
vulnerables, con la paz con justicia social y la reconciliación, y con la implementación de los planes
y programas acordados en el marco de este acuerdo.
• Financiar la producción y divulgación de contenidos orientados a fomentar una cultura de paz con
justicia social y reconciliación, por parte de los medios de interés público y comunitarios. La

3

Por “inclusión política” se entiende la mayor participación de ciudadanos y ciudadanas en los asuntos públicos, en el marco del
fortalecimiento de la democracia, y no la propaganda o proselitismo político.

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asignación se llevará a cabo mediante concursos públicos y transparentes que contarán con
mecanismos de veeduría ciudadana.

2.2.4. Garantías para la reconciliación, la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización,
especialmente por razón de la acción política y social en el marco de la civilidad

En un escenario de fin del conflicto, todos y todas, incluidas las partes de este Acuerdo, deben contribuir
a avanzar en la construcción de una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización,
lo que implica un lenguaje y comportamiento de respeto y dignidad en el ejercicio de la política y la
movilización social, y generar las condiciones para fortalecer el reconocimiento y la defensa de los
derechos consagrados constitucionalmente.

Con ese objetivo el Gobierno creará un Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia, el cual
estará integrado por representantes del Gobierno, el Ministerio Público, quienes designen los partidos y
movimientos políticos, incluido el que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal,
organizaciones y movimientos sociales, en particular de mujeres, campesinos y campesinas, gremios,
minorías étnicas, las iglesias, el sector educativo, entre otros. El Consejo tendrá como función asesorar y
acompañar al Gobierno en la puesta en marcha de mecanismos y acciones que incluyen:

• Diseñar y ejecutar un programa de reconciliación, convivencia y prevención de la estigmatización,
con la participación de las entidades territoriales.
• Promoción del respeto por la diferencia, la crítica y la oposición política.
• Promoción del respeto por la labor que realizan en pro de la construcción de la paz y la
reconciliación, diferentes movimientos y organizaciones políticas y sociales.
• Promoción del respeto por la labor que realizan las organizaciones sociales y de derechos
humanos, en particular aquellas que fiscalizan la gestión del gobierno y las que se opongan a sus
políticas.
• Promoción de la no estigmatización en razón de la orientación sexual y la identidad de género
diversa.
• Capacitar a funcionarias y funcionarios públicos y a líderes y lideresas de las organizaciones y
movimientos sociales para garantizar la no estigmatización.
• Pedagogía y didáctica del Acuerdo Final: impulso de programas de formación y comunicación para
la apropiación de este Acuerdo, en especial sobre los diseños de participación política y social
acordados. Se creará un programa especial de difusión que se implementará desde el sistema de
educación pública y privada en todos sus niveles. Se garantizará la difusión del Acuerdo en todos
los niveles del Estado.
• Diseño y ejecución de campañas de divulgación masiva de una cultura de paz, reconciliación,
pluralismo y debate libre de ideas en desarrollo de la democracia.
• Promover la reconciliación, la convivencia y la tolerancia, especialmente en las poblaciones más
afectadas por el conflicto, teniendo en cuenta el impacto desproporcionado del conflicto sobre
las mujeres.
• Capacitar a organizaciones y movimientos sociales, así como a funcionarias y funcionarios
públicos en cargos de dirección, en los niveles nacional, departamental y municipal, en el
tratamiento y resolución de conflictos.
• Creación de una cátedra de cultura política para la reconciliación y la paz.

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Se establecerán Consejos para la Reconciliación y la Convivencia en los niveles territoriales, con el fin de
asesorar y acompañar a las autoridades locales en la implementación de lo convenido de tal manera que
se atiendan las particularidades de los territorios.

2.2.5. Control y veeduría ciudadana

La participación y el control por parte de ciudadanos y ciudadanas son esenciales para asegurar la
transparencia de la gestión pública y el buen uso de los recursos; y para avanzar en la lucha contra la
corrupción y contra la penetración de estructuras criminales en las instituciones públicas.

El control por parte de ciudadanos y ciudadanas es aún más necesario en un escenario de fin del conflicto
y construcción de la paz, en el que será necesario hacer grandes inversiones para cumplir con los objetivos
del presente Acuerdo en todo el territorio nacional y en especial en las zonas priorizadas. Con el propósito
de promover y fortalecer el control por parte de ciudadanos y ciudadanas y la democratización y mayor
transparencia de la administración pública, el Gobierno Nacional:

• Establecerá un plan de apoyo a la creación y promoción de veedurías ciudadanas y observatorios
de transparencia, con especial énfasis en el control por parte de ciudadanos y ciudadanas en la
implementación del presente Acuerdo. El plan se pondrá en marcha con el concurso de
organizaciones especializadas e instituciones de educación superior, entre otros, que proveerán
acompañamiento y asistencia técnica.
• Garantizará el apoyo al plan nacional de formación de veedores y veedoras que promocionen las
comunidades.
• Creará mecanismos de información, en el nivel local, regional y nacional, de fácil acceso, con el
fin de garantizar la publicidad y transparencia en la implementación de este Acuerdo, como parte
de un sistema de rendición de cuentas del Acuerdo.
• En el marco de un programa especial para la eliminación y prevención de la corrupción en la
implementación del presente Acuerdo, creará un mecanismo especial para la atención, trámite y
seguimiento de denuncias y alertas de ciudadanos y ciudadanas y las organizaciones y
movimientos por posibles hechos de corrupción en general, con énfasis en lo relacionado con la
implementación de este Acuerdo.
• Promoverá una masiva campaña institucional de divulgación de los derechos de ciudadanos y
ciudadanas y de las obligaciones y deberes de las autoridades en materia de participación y
control de la administración pública por parte de ciudadanos y ciudadanas, y los mecanismos
administrativos y judiciales a fin de exigir su efectivo cumplimiento.
• De la misma manera, esta campaña contemplará la difusión de todos los mecanismos de
participación y control por parte de ciudadanos y ciudadanas, la manera como la ciudadanía
puede participar de ellos y la importancia que tienen para una verdadera vida democrática.
• Fortalecerá los mecanismos de rendición de cuentas de todas las servidoras y servidores públicos
de elección popular a nivel nacional, departamental y municipal, y otras entidades públicas y
empresas que presten servicios públicos domiciliarios. En especial se promoverán instancias de
diálogo en el marco de los espacios de participación correspondientes.
• Vinculará a las universidades públicas, a través de prácticas profesionales y de proyectos de
intervención en comunidad, a campañas masivas para la promoción de la participación ciudadana
y del control por parte de ciudadanos y ciudadanas.
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Los mecanismos de control y veeduría ciudadana que se prevean contarán con la participación
efectiva de las mujeres.


2.2.6 Política para el fortalecimiento de la planeación democrática y participativa

La promoción de buenas prácticas de planeación participativa es clave para la profundización de la
democracia en Colombia, en especial en el marco de la implementación del presente Acuerdo en las
regiones, que requerirá de la movilización y participación activa y eficaz de la ciudadanía. Con el objetivo
de fortalecer la participación en la elaboración, discusión, seguimiento a la ejecución y evaluación de los
procesos de planeación y presupuestación, y promover su incidencia en las decisiones administrativas, el
Gobierno Nacional se compromete a llevar a cabo las siguientes acciones:


a. Revisar las funciones y la conformación de los Consejos Territoriales de Planeación, con el fin de:

• Ampliar la participación ciudadana en la formulación de los planes de desarrollo y en el
seguimiento a su ejecución y evaluación. Adoptar medidas para promover que la
conformación de Consejos Territoriales de Planeación garantice una representación
amplia y pluralista que se apoye entre otros en las redes, alianzas y organizaciones
económicas, sociales, culturales, ambientales, educativas y comunitarias existentes. Estas
últimas serán quienes designen sus representantes en estas instancias.
• Garantizar la participación de los Consejos en la elaboración, discusión, seguimiento de la
ejecución y evaluación de los Planes. Se establecerán mecanismos para su interlocución
con las instancias de aprobación.
• Fortalecer la participación de las Juntas Administradoras Locales en la elaboración de los
planes de desarrollo.
• Promover la articulación entre las distintas instancias formales e informales de planeación
participativa.
• Hacer los ajustes normativos necesarios para que los conceptos, pronunciamientos e
informes de monitoreo, realizados por las instancias de planeación participativa sean
respondidos por las autoridades públicas en espacios e instancias de diálogo e
interlocución.
• Asegurar que los conceptos de los Consejos Territoriales de Planeación tengan prioritaria
atención por parte de las autoridades públicas.
• Fortalecer los espacios de interlocución y rendición de cuentas entre las instancias de
planeación participativa y las organizaciones o sectores que representan para, entre
otros, garantizar el trámite de las iniciativas ciudadanas en materia de planeación.
• Fortalecer las capacidades técnicas de las instancias de planeación participativa.
• Promover la participación de las mujeres en los Consejos Territoriales

b. Prestar asistencia técnica a las autoridades municipales y departamentales que lo requieran, para
la formulación participativa de distintas herramientas de planeación.

c. Hacer una revisión integral y participativa del sistema de participación en los procesos de
planeación y, en particular, sobre:

• La articulación de las instancias territoriales y nacionales de planeación.
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La composición y el funcionamiento del Consejo Nacional de Planeación con el fin de
garantizar una representación amplia y pluralista.
• La efectividad del sistema.

El Gobierno Nacional hará los ajustes necesarios que se deriven del proceso de revisión, en todos
los niveles del sistema de participación en los procesos de planeación.



d. Fortalecer los diseños institucionales y la metodología con el fin de facilitar la participación
ciudadana y asegurar su efectividad en la formulación de políticas públicas sociales como salud,
educación, lucha contra la pobreza y la desigualdad, medio ambiente y cultura. Para ello, el
Gobierno Nacional revisará, con la participación de los sectores interesados, las instancias y
procesos de participación sectorial y dará las instrucciones a las instituciones respectivas para que
ajusten su normatividad, organización y funcionamiento. El Gobierno Nacional adoptará medidas
para facilitar la participación efectiva de las mujeres en este escenario, incluidas aquellas que
permitan superar los obstáculos relacionados con sus labores de cuidado y reproducción.

e. Fortalecer y promover la construcción de presupuestos participativos sensibles al género y los
derechos de las mujeres en el nivel local con el fin de:
• Promover la participación de hombres y mujeres en la priorización de una parte del
presupuesto de inversión, de tal manera que refleje las conclusiones de los ejercicios de
planeación participativa.
• Crear incentivos para la formulación y ejecución de presupuestos participativos.
• Promover mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas a los ejercicios de
presupuestos participativos.

2.3 Medidas efectivas para promover una mayor participación en la política nacional, regional y local,
de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con
garantías de seguridad.

2.3.1 Promoción del pluralismo político.

Con el objetivo de promover el pluralismo político y la representatividad del sistema de partidos,
mediante la ampliación del ejercicio del derecho de asociación con fines políticos y las garantías para
asegurar igualdad de condiciones para la participación de los partidos y movimientos políticos y, de esa
manera, ampliar y profundizar la democracia, el Gobierno desarrollará:

2.3.1.1. Medidas para promover el acceso al sistema político

En el marco del fin del conflicto y con el objetivo de consolidar la paz, se removerán obstáculos y se harán
los cambios institucionales para que los partidos y movimientos políticos obtengan y conserven la
personería jurídica, y en particular para facilitar el tránsito de organizaciones y movimientos sociales con
vocación política hacia su constitución como partidos o movimientos políticos. Para ello se impulsarán las
siguientes medidas:

• Desligar la obtención y conservación de la personería jurídica de los partidos y
movimientos políticos del requisito de la superación de un umbral en las elecciones de
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Congreso y, en consecuencia, redefinir los requisitos para su constitución. Uno de estos
será el del número de afiliados y afiliadas.
Diseñar un sistema de adquisición progresiva de derechos para partidos y movimientos
políticos, según su desempeño electoral en los ámbitos municipal, departamental y
nacional.
El sistema incorporará un régimen de transición por 8 años, incluyendo financiación y
divulgación de programas, para promover y estimular los nuevos partidos y movimientos
políticos de alcance nacional que irrumpan por primera vez en el escenario político.


2.3.1.2. Medidas para promover la igualdad de condiciones en la competencia política.

Con el fin de establecer una distribución más equitativa de los recursos, se tomarán medidas para:

• Incrementar el porcentaje que se distribuye por partes iguales entre los partidos o
movimientos políticos con representación en el Congreso y aumentar el fondo de
financiación de partidos y movimientos políticos.
• Ampliar los espacios de divulgación del programa político de los partidos o movimientos
políticos con representación en el Congreso.

2.3.2 Promoción de la participación electoral

Con el objetivo de promover una mayor participación electoral, el Gobierno Nacional impulsará, junto con
las autoridades competentes, las siguientes medidas:

• Promover campañas de información, capacitación, pedagogía y divulgación, que
estimulen la participación electoral a nivel nacional y regional, con especial énfasis en
promover una mayor participación de las mujeres, de poblaciones vulnerables y de
territorios especialmente afectados por el conflicto y el abandono.
• Realizar una campaña nacional de cedulación masiva, con prioridad en las zonas
marginadas de los centros urbanos y en las zonas rurales, particularmente en las más
afectadas por el conflicto y el abandono y previendo medidas para facilitar el acceso a
esta campaña por parte de las mujeres rurales.
• Apoyar la gestión que la organización electoral adelante para estimular y facilitar la
participación electoral, de las poblaciones más vulnerables y más apartadas (rurales,
marginadas, desplazadas y víctimas), y en particular:
o Promover un ejercicio ampliamente participativo de diagnóstico con enfoque de
género, de los obstáculos que enfrentan estas poblaciones en el ejercicio del
derecho al voto, y adoptar las medidas correspondientes.
o Adoptar mecanismos para facilitar el acceso a los puestos de votación de las
comunidades que habitan en zonas alejadas y dispersas.

2.3.3 Promoción de la transparencia

2.3.3.1. Medidas para la promoción de la transparencia en los procesos electorales

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Con el objetivo de promover una mayor transparencia electoral, el Gobierno Nacional garantizará, junto
con las autoridades competentes, la implementación de las siguientes medidas:

• Adelantar campañas de prevención de conductas que atenten contra la transparencia de
los procesos electorales.
• Habilitar mecanismos para facilitar las denuncias ciudadanas y crear un sistema para su
seguimiento.
• Realizar una auditoría técnica del censo electoral, que contará con el acompañamiento y
participación efectiva de ciudadanos y ciudadanas y de representantes de los partidos y
movimientos políticos.
• Conformar un tribunal nacional de garantías electorales y tribunales especiales
seccionales, en las circunscripciones de mayor riesgo de fraude electoral. Las
circunscripciones se definirán de acuerdo con las denuncias y alertas que reciba la
organización electoral por parte de las autoridades, la ciudadanía, las organizaciones no
gubernamentales especializadas en la supervisión de procesos electorales y los partidos
y movimientos políticos, entre otros.
• Fortalecer la capacidad de investigación y sanción de los delitos, las faltas electorales y la
infiltración criminal en la actividad política.
• Apoyar la adopción de medidas para garantizar mayor transparencia de la financiación de
las campañas electorales.
• Apoyar la implementación de medios electrónicos en los procesos electorales, con
garantías de transparencia.
• Promover la participación de movimientos y organizaciones sociales o cualquier otra
organización ciudadana en la vigilancia y control de los procesos electorales.
• Promover procesos de formación, educación y comunicación política en asuntos públicos.

2.3.3.2. Medidas de transparencia para la asignación de la pauta oficial

Con el fin de asegurar la transparencia en la asignación de la publicidad oficial, de manera que no sea
utilizada con fines electorales, partidistas, de promoción personal o de proyectos políticos, en especial en
épocas electorales, el Gobierno Nacional promoverá los ajustes necesarios en la normatividad para que
la pauta oficial en los niveles nacional, departamental y municipal se asigne de acuerdo con unos criterios
transparentes, objetivos y de equidad, teniendo en cuenta también a los medios y espacios de
comunicación locales y comunitarios.

Adicionalmente, la normatividad debe asegurar que el gasto en la pauta oficial sea de conocimiento
público, mediante la publicación de informes detallados.

2.3.4 Reforma del régimen y de la organización electoral

Con el objetivo de asegurar una mayor autonomía e independencia de la organización electoral,
incluyendo del Consejo Nacional Electoral o la institución que haga sus veces, y modernizar y hacer más
transparente el sistema electoral, para de esa manera dar mayores garantías para la participación política
en igualdad de condiciones y mejorar la calidad de la democracia, tras la firma del Acuerdo Final, se creará
una misión electoral especial. La Misión estará conformada por 7 expertos/as de alto nivel, que en su
mayoría deberán ser de nacionalidad colombiana, así: un representante de la Misión de Observación
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Electoral- MOE y 6 expertos/as los cuales se seleccionarán por las siguientes organizaciones, el Centro
Carter, el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, el Departamento de
Ciencia Política de la Universidad de los Andes y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria
-NIMD. La Misión entrará en funcionamiento inmediatamente después de la firma del Acuerdo Final.
La Misión, en un plazo de hasta 6 meses presentará sus recomendaciones con base, entre otros, en las
buenas prácticas nacionales e internacionales, en los insumos que reciba de los partidos y movimientos
políticos y de las autoridades electorales y teniendo en cuenta las dificultades específicas de las mujeres
en relación con el sistema electoral. Sobre la base de esas recomendaciones, el Gobierno Nacional hará
los ajustes normativos e institucionales que sean necesarios.

2.3.5. Promoción de una cultura política democrática y participativa

El fortalecimiento de la participación política y social conlleva una necesaria transformación de la cultura
política existente en el país. Con el fin de ampliar y de robustecer la democracia y de esa manera
consolidar la paz, es necesario promover una cultura política participativa, fundamentada en el respeto
de los valores y principios democráticos, la aceptación de las contradicciones y conflictos propios de una
democracia pluralista, y el reconocimiento y respeto por el opositor político.

Una cultura política democrática y participativa debe contribuir a la igualdad entre ciudadanos y
ciudadanas, al humanismo, la solidaridad, la cooperación social y a dar un manejo trasparente a la gestión
pública proscribiendo las prácticas clientelistas y la corrupción. Adicionalmente, debe fomentar el
tratamiento de los conflictos a través de los mecanismos que brinda la política, proscribiendo la violencia
como método de acción política.

Avanzar hacia una cultura política democrática y participativa implica promover y garantizar el valor y el
significado de la política como vehículo para el cumplimiento de los derechos políticos, económicos,
sociales, ambientales y culturales. Una cultura política democrática y participativa debe contribuir a la
mayor integración de las mujeres, de los sectores sociales más vulnerables, así como de los campesinos y
campesinas, las comunidades indígenas y afrodescendientes y la población LGBTI.

Para promover una cultura democrática y participativa el Gobierno Nacional pondrá en marcha las
siguientes medidas:

• Promoción de los valores democráticos, de la participación política y de sus mecanismos,
para garantizar y fomentar su conocimiento y uso efectivo y así fortalecer el ejercicio de
los derechos consagrados constitucionalmente, a través de campañas en medios de
comunicación y talleres de capacitación. Se hará especial énfasis en las poblaciones más
vulnerables así como en la población campesina, en las mujeres, las comunidades
indígenas y afrodescendientes y la población LGBTI. Estas campañas incorporarán en sus
contenidos valores que combaten el sexismo y las múltiples formas de discriminación,
incluidas aquellas en razón del género y la orientación sexual y la identidad de género
diversa.
• Fortalecimiento de los programas de educación para la democracia en los distintos niveles
de enseñanza.
• Promoción de programas de liderazgo político y social para miembros de partidos y de
organizaciones sociales.
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2.3.6



Programa para la promoción de la participación y liderazgo de la mujer en la política.

Promoción de la representación política de poblaciones y zonas especialmente afectadas por el
conflicto y el abandono

En el marco del fin del conflicto y con el objetivo de garantizar una mejor integración de zonas
especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional, y una mayor
inclusión y representación política de estas poblaciones y de sus derechos políticos, económicos, sociales,
culturales y ambientales, y también como una medida de reparación y de construcción de la paz, el
Gobierno Nacional se compromete a crear en estas zonas un total de 16 Circunscripciones Transitorias
Especiales de Paz para la elección de un total de 16 Representantes a la Cámara de Representantes, de
manera temporal y por 2 períodos electorales.

Las Circunscripciones contarán con reglas especiales para la inscripción y elección de candidatos y
candidatas. Igualmente, las campañas contarán con financiación especial y acceso a medios regionales.
Se establecerán mecanismos especiales de acompañamiento para asegurar la transparencia del proceso
electoral y la libertad del voto del electorado.

Los candidatos y candidatas en todo caso deberán ser personas que habiten regularmente en estos
territorios o que hayan sido desplazadas de ellos y estén en proceso de retorno. Los candidatos y
candidatas podrán ser inscritos por grupos significativos de ciudadanos y ciudadanas u organizaciones de
la Circunscripción, tales como organizaciones campesinas, de víctimas (incluyendo desplazados y
desplazadas), mujeres y sectores sociales que trabajen en pro de la construcción de la paz y el
mejoramiento de las condiciones sociales en la región, entre otros.

Los candidatos y candidatas serán elegidos por los ciudadanos y ciudadanas de esos mismos territorios,
sin perjuicio de su derecho a participar en la elección de candidatos y candidatas a la Cámara de
Representantes en las elecciones ordinarias en sus departamentos. Los partidos que cuentan con
representación en el Congreso de la República no podrán inscribir candidatos ni candidatas para estas
Circunscripciones.

La organización electoral ejercerá una especial vigilancia sobre el censo electoral y la inscripción de
candidatos y candidatas, garantizando que se cumplan las reglas establecidas.

2.3.7 Promoción de la participación política y ciudadana de la mujer en el marco del presente Acuerdo

El Gobierno Nacional y las FARC-EP reconocen el importante papel que desempeñan las mujeres en la
prevención y solución de los conflictos y en la consolidación de la paz, y la necesidad de promover y
fortalecer la participación política y ciudadana de las mujeres, aún más en el marco del fin del conflicto,
donde su liderazgo y participación en pie de igualdad son necesarios y esenciales en los procesos de toma
de decisiones públicas, y en la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas
gubernamentales para alcanzar una paz estable y duradera.

El Gobierno Nacional y las FARC-EP rechazan cualquier forma de discriminación contra la mujer y
reafirman que el aporte de las mujeres como sujetos políticos en la vida pública es vital para el
fortalecimiento de la democracia y para el mantenimiento y el fomento de la paz. En la implementación
de todo lo acordado en el punto 2 del presente Acuerdo se garantizará el enfoque de género, y se
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Acuerdo Final
24.08.2016
diseñarán y adoptarán las medidas afirmativas necesarias para fortalecer la participación y liderazgo de
la mujer y en general para promover el cumplimiento de los anteriores propósitos.

El fortalecimiento de la participación política y ciudadana de las mujeres en pie de igualdad incluye
adoptar medidas que contribuyen a garantizar una representación equilibrada de hombres y mujeres en
la conformación de todas las instancias a que se refiere este acuerdo. Así mismo, se requiere propender
por la participación equilibrada y el protagonismo de las mujeres al interior de organizaciones y
movimientos sociales y partidos políticos. Con el fin de crear conciencia de derechos y promover nuevos
liderazgos de las mujeres, se pondrán en marcha programas de formación sobre sus derechos políticos y
formas de participación política y ciudadana.

Lo anterior sin perjuicio del deber de fortalecer el cumplimiento de los compromisos y normas
internacionales y las normas nacionales sobre el particular.


2.3.8 Creación de un nuevo espacio para dar acceso a medios a los partidos y movimientos políticos

Como complemento de lo acordado en el marco de los puntos 2.2 y 2.3 sobre acceso a medios para
organizaciones y movimientos sociales y para partidos y movimientos políticos, respectivamente, el
Gobierno se compromete a habilitar un canal institucional de televisión cerrada orientado a los partidos
y movimientos políticos con personería jurídica, para la divulgación de sus plataformas políticas, en el
marco del respeto por las ideas y la diferencia. Ese canal también servirá para la divulgación del trabajo
de las organizaciones y movimientos sociales, la promoción de una cultura democrática de paz y
reconciliación y de valores no sexistas y de respeto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencias,
así como la divulgación de los avances en la implementación de los planes y programas acordados en el
marco de este Acuerdo.

Se establecerá una comisión con representantes de los partidos y movimientos políticos y organizaciones
y movimientos sociales más representativos para asesorar en la programación del canal.












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